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La presidenta del Senado, Paulina Núñez, presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea proponiendo un cambio sustancial en el tratamiento de esta actividad: impedir la expansión de las casas de apuestas ilegales, proteger a las familias y cerrar espacios que puedan ser aprovechados por el crimen organizado. 

La iniciativa busca reservar la explotación digital de juegos de azar y apuestas a las entidades que cuentan con autorización legal, dentro de sus respectivas competencias, sin abrir un nuevo mercado de licencias a operadores privados.

“Las casas de apuestas en línea no son un negocio inocente. Pueden generar adicción, endeudamiento y consecuencias devastadoras para las familias. Pero también debemos enfrentar otra amenaza: el riesgo de que plataformas ilegales, que operan con estructuras difíciles de identificar y movimientos de dinero poco transparentes, sean utilizadas por organizaciones criminales. No podemos permitir que Chile se convierta en un mercado atractivo para estos negocios”, señaló Núñez.

La propuesta establece penas que pueden alcanzar los 15 años de presidio en determinados casos agravados, multas de hasta 10.000 UTM y responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas.

Además, incorpora como circunstancia agravante la comisión de estos delitos mediante organizaciones delictivas o criminales, así como la utilización de identidades falsas o estructuras societarias ficticias para ocultar a sus verdaderos controladores.

Uno de los elementos centrales es la creación de un procedimiento judicial que permitirá ordenar el bloqueo permanente de sitios web, aplicaciones y otros canales utilizados para explotar apuestas ilegales, incluyendo mecanismos para extender las órdenes a nuevas plataformas creadas para eludir la prohibición. 

También contempla restricciones judiciales sobre determinados servicios de pago y publicidad vinculados a estas operaciones ilegales, además de sanciones penales para quienes las financien o promocionen comercialmente con conocimiento de su ilicitud.

“No basta con cerrar una página web si al día siguiente sus responsables pueden abrir otra y continuar recibiendo dinero. Necesitamos cortar los mecanismos que permiten sostener estos negocios ilegales, identificar a quienes están detrás y evitar que se conviertan en una herramienta para la criminalidad organizada. El Estado debe actuar sobre toda la estructura del negocio, no solamente sobre su fachada digital”, afirmó.

La indicación también prohíbe la participación de menores de edad, exige mecanismos de verificación de identidad y establece medidas de prevención de la ludopatía, como la autoexclusión y los límites voluntarios de apuestas. 

Núñez cuestionó que la discusión legislativa se concentre principalmente en la eventual recaudación tributaria que produciría la legalización de nuevas plataformas.