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La decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, fijando un valor de 0,23 UF por metro cuadrado -equivalente a $10.961 millones- generó un inmediato impacto entre los propietarios del terreno. Sorprendidos por el anuncio, solicitaron audiencias con Interior, Vivienda y Bienes Nacionales y comenzaron a preparar acciones judiciales.

Según La Tercera, el rechazo al precio fijado es el eje del conflicto. Los dueños aseguran que no aceptarán ese valor y que acudirán a tribunales una vez publicado el decreto en el Diario Oficial.

El abogado Diego Pereira-Fonfach advirtió que “si esto no se ejecuta en tiempo y forma, serán costos que los propietarios deberán cubrir en vano”, en referencia al cercado contratado para el desalojo.

Además, denunció que “no cuentan con información alguna sobre el inicio del proceso, que es de exclusiva responsabilidad del Estado”.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió que se trabaja en “una propuesta” para evitar la expulsión forzada de las cerca de 10 mil personas que habitan la toma. El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, agregó que la medida “cambia bastante la dinámica y también la voluntad de los pobladores de salir de los terrenos en los casos en que sea necesario”.

En el plano local, el alcalde Omar Vera pidió prudencia: “Es difícil emitir una opinión mientras no tengamos el comunicado oficial o algún documento que nos permita analizar las implicancias de esta trascendental decisión para el desarrollo de la comuna”.

Mientras tanto, la municipalidad habilitó un albergue transitorio en el Colegio España, con capacidad para 116 personas o 38 familias, a la espera de definiciones sobre el futuro del proyecto habitacional anunciado por el Minvu.