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A dos días de su ingreso, la reforma constitucional en seguridad acumula rechazos en ambos polos del arco político, en momentos en que el Ejecutivo aún no logra cerrar los votos necesarios en el Senado.

Una de las voces más categóricas fue la senadora Vanessa Kaiser (PNL), quien sostuvo que, en sus actuales términos, la propuesta no cuenta con su respaldo. “Imagino que una cosa es la idea de legislar y, de ahí, ir caso a caso. A mí, en general, no me parece que sea apoyable. La verdad es que lo que veo hasta ahora, a menos que se hagan reformas importantes, no me parece que resuelva los problemas de los chilenos”, afirmó en conversación con Radio 13C.

Kaiser fue más allá y cuestionó directamente la efectividad . “Lo que se está proponiendo, a mi juicio, no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado”, sostuvo.

Los reparos también llegaron desde Evópoli. Su presidente, el senador Luciano Cruz-Coke, advirtió que la fórmula escogida por La Moneda podría terminar dificultando el avance de su propia agenda.

“Este cambio enorme lo que está haciendo es poner el sistema cuesta arriba al propio Gobierno. Hay total disposición al cambio de agenda en seguridad, pero el cambio en seguridad, como está hoy día, no está bien planteado”, afirmó a radio Duna.

Igual de categórico ha sido el PDG. Franco Parisi adelantó que la colectividad no entregará sus votos para reformas constitucionales, argumentando que después de los dos procesos constitucionales existía un entendimiento para no volver a modificar la Carta Fundamental.

Del otro lado, el expresidente Gabriel Boric calificó la propuesta como “una limitación de libertades que no se había visto”. Además, llamó a la oposición a mantener una postura “franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme” frente a la iniciativa del Ejecutivo, la cual contempla un estado de excepción de hasta 240 días.

Asimismo, el exmandatario respaldó la línea argumental de su exministro del Interior, Álvaro Elizalde. El pasado sábado, el exministro del Interior tildó la reforma de “efectista” y cuestionó que se habilite la interceptación de comunicaciones en barrios completos mientras se mantiene el secreto bancario, lo que a su juicio configura un “sesgo clasista”.