Noticias

En la jornada de ayer lunes, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), iniciativa que modifica la Ley N° 20.405.

Entre las modificaciones, el proyecto plantea reducir de 11 a cinco el número de integrantes del Consejo del INDH y limitar sus períodos a cuatro años, con la posibilidad de una nueva designación por una sola vez.

Entre los cambios relevantes apunta a las facultades judiciales del Instituto. La iniciativa elimina su atribución para interponer querellas criminales y la reemplaza por la posibilidad de denunciar ante los organismos correspondientes hechos que pudieran constituir delitos, pero mantiene sus facultades para presentar recursos de protección y amparo, además de incorporar expresamente la posibilidad de actuar como amicus curiae, mediante informes especializados ante los tribunales.

Esta mañana el director del INDH, Yerko Ljubetic, sostuvo en radio ADN que la iniciativa reduce atribuciones, afecta la autonomía del organismo y contempla el cierre de sedes regionales, además de una fuerte disminución de personal.  

Respecto si fue inesperada la idea de reformar de la actual administración del Estado, el jefe del INDH señaló que “no es una sorpresa en el sentido de que ya era bastante evidente y estaba anunciada la presentación de un proyecto de reforma al INDH por parte del Ejecutivo”, pero lo que “sorprende es la radicalidad y el carácter extremo de los contenidos del proyecto”, afirmó.

En ese sentido, el proyecto “apunta a neutralizar al INDH como un instrumento efectivo de protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio nacional. Eso es evidente”, remarcó.

Para el jefe del instituto, junto con eliminar facultades relevantes para cumplir el mandato legal de la institución, “hay una propuesta de afectación muy grave a la autonomía del INDH”, sostuvo. 

El director también advirtió por el impacto territorial y presupuestario de la iniciativa: quita recursos y explícitamente elimina sus sedes regionales; serán despedidas el despido del 70% de las personas que son abogadas de la institución; entre otras medidas. 

En definitiva, “este es un proyecto que afecta gravemente la autonomía, mutila atribuciones relevantes para el instituto y lo desmantela desde el punto de vista de su presencia y eficacia a nivel nacional”, remarcó.

A su juicio, la discusión tiene un caractér “evidentemente ideológico”, aseguró. Agregó que el proyecto “está fundado en prejuicios, definiciones identitarias y francamente ideológicas de un sector que apoya al Gobierno”.

Al finalizar la entrevista, Lujbetic alertó sobre una campaña en contra del INDH basada en “desinformación, noticias falsas y atribución de situaciones que no corresponden”.