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La renuncia colectiva de los integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez abrió un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y quienes encabezaban el proceso destinado a esclarecer vulneraciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.

La decisión fue comunicada mediante una declaración pública en la que los ahora excomisionados señalaron que ya no existen las condiciones necesarias para continuar desarrollando el mandato encomendado. Entre los cuestionamientos apuntaron a cambios impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialmente en el modelo territorial y en el proceso de recolección de testimonios.

En entrevista con el programa Línea 1 de Radio y TV Usach, la exintegrante de la comisión, Judith Schönsteiner, explicó que el problema central no radica en el mandato de la instancia, sino en las modificaciones implementadas recientemente por el Gobierno.

“Lo que cambió el gobierno con las definiciones que tomaron es la capacidad de trabajar con el modelo que habíamos construido el año pasado, el modelo de toma de testimonios, de escuchar a las víctimas, de darles voz a ellos o a ellas para construir la verdad”, sostuvo.

La profesional detalló que la comisión comenzó a funcionar a fines de febrero de 2025, luego de la publicación del decreto que le dio origen. Según explicó, la instancia tenía como misión esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas contra menores de edad en centros del Sename, organismos colaboradores y recintos de justicia juvenil, además de reconocer a las víctimas y proponer medidas de reparación y garantías de no repetición.

Schönsteiner afirmó que el rediseño impulsado por el Ejecutivo redujo significativamente la capacidad operativa en regiones, dejando solo un profesional por zona. A su juicio, esto dificulta llegar a personas que históricamente han estado alejadas del Estado.

“Eso no es suficiente para salir a informar y tomar testimonios a personas que están en una situación donde por un simple aviso en redes o una señal radial no se van a enterar. Por ejemplo, personas que viven en situación de calle, personas alejadas del Estado y personas privadas de libertad”, indicó.

La excomisionada también enfatizó que el proceso de recopilación de testimonios exige un trabajo especializado y con resguardo ético, considerando que muchas víctimas deben revivir experiencias traumáticas ocurridas hace décadas.

“Tenemos una dificultad enorme que requiere una valentía enorme: dar un testimonio sobre un trauma vivido hace décadas”, señaló.

En esa línea, remarcó que la renuncia colectiva responde específicamente a los cambios en el modelo de escucha y no al reconocimiento ya realizado a víctimas que alcanzaron a entregar su testimonio.

“La renuncia tiene que ver con este cambio de modelo (...) no con el proceso de reconocimiento de las víctimas que ya entregaron su testimonio”, afirmó. 

Schönsteiner además defendió la relevancia de las comisiones de verdad como mecanismos internacionales de derechos humanos orientados a romper el silencio y el estigma que enfrentan las víctimas.

“Una comisión de verdad no es simplemente una revisión de literatura. Se construye desde el derecho internacional de los derechos humanos como una comisión que da voz a las víctimas”, expresó.

La académica agregó que muchas personas que pasaron por el sistema del Sename aún mantienen en reserva esa experiencia incluso frente a sus círculos más cercanos. “El estigma aquí es inmenso. Muchas personas ni siquiera le han contado a su pareja que estuvieron en el Sename”, aseguró.