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La decisión fue adoptada por la jueza Michelle Ibacache, quien concluyó que los antecedentes expuestos durante la audiencia no permiten modificar la medida cautelar más gravosa que pesa sobre el exparlamentario, investigado por el eventual uso de recursos públicos en beneficio de intereses particulares.

En este sentido, la jueza sostuvo que este análisis no puede limitarse únicamente a la pena asociada a los delitos, sino que debe considerar las circunstancias específicas de los hechos, su forma de ejecución, los bienes jurídicos afectados y el impacto que las conductas investigadas podrían tener sobre la convivencia social y la confianza pública.

Por su parte, Constanza Encina, fiscal de Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, enfatizó que "nos deja muy conformes que la magistrada dio cuenta de la gravedad de los hechos que se estaban investigando y que se desarrolló la extensión del mal causado que abarca prácticamente todo el período en que él ejerció como diputado de la república".

Por su parte, el abogado defensor del exdiputado, Cristóbal Bonacic, sostuvo que el fallo indica una serie de elementos que argumentan que no se justifica la prisión preventiva.

"La resolución parte indicando que la prisión preventiva no es el único medio idóneo para poder garantizar los fines del procedimiento. La resolución no indica por qué otras medidas distintas a la prisión preventiva no cumple con esa finalidad. Finalmente, la resolución mantuvo la prisión preventiva simplemente porque los delitos que se imputan pudiesen haber afectado la fe pública", aclaró. Además, el leguleyo adelantó que apelarán a la resolución.

Con la decisión del tribunal, Lavín León seguirá recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber junto a su exasesor parlamentario, Arnaldo Domínguez.

¿De qué se le acusa al exdiputado Joaquín Lavín?

Según el Ministerio Público, Joaquín Lavín León habría cometido delitos electorales al comercializar bases de datos de votantes de distintas regiones a través de la plataforma SocialTazk. A esto se suma una acusación por presunto fraude al fisco (estimada en $240 millones), además de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.