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El Servicio Electoral (Servel) rechazó parte de los gastos que el Presidente José Antonio Kast intentó reembolsar tras su campaña presidencial, al determinar que algunos desembolsos vinculados a medidas de seguridad no califican como gastos electorales.

Según consignó La Tercera, el Mandatario rindió ante el organismo electoral ingresos y gastos de campaña por un total de 3.421 millones de pesos. Aunque la rendición fue aprobada el pasado 9 de abril, el Servel formuló diversas observaciones y rechazó devoluciones por más de 40 millones de pesos.

Entre los montos objetados figura un gasto de 20.670.300 pesos destinado a vidrios antibalas utilizados durante un cierre de campaña realizado en Viña del Mar. El organismo concluyó que ese desembolso no cumplía con los requisitos legales para ser considerado gasto electoral.

En su resolución, el Servel argumentó que el objetivo del blindaje era “únicamente la protección de la integridad física del candidato ante amenazas eventuales”, por lo que no existía una finalidad de promoción electoral frente a la ciudadanía.

La entidad también rechazó otro gasto por 3.570.000 pesos asociado a medidas de seguridad en una actividad de campaña realizada en Concepción.

El artículo 2 de la Ley N.º 19.884 establece que solo se considerarán gastos electorales aquellos desembolsos efectuados “con ocasión y a propósito de actos electorales”, definición que, según el Servel, no incluye implementos destinados exclusivamente a protección personal.

Además de los gastos en seguridad, el organismo detectó observaciones en el ítem de propaganda impresa y merchandising. En ese apartado se registraron costos por más de 185 millones de pesos, aunque no se presentaron antecedentes relacionados con brigadistas o voluntarios encargados de distribuir el material.

También se detectaron cerca de 4,8 millones de pesos en gastos de radioemisoras que no fueron incorporados en la cuenta oficial de ingresos y gastos, situación similar a la observada con parte de la propaganda impresa.

A ello se suma la ausencia de certificados de donaciones por más de 53 millones de pesos destinados a 76 candidaturas parlamentarias.