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Este miércoles, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela alertó que, pese a algunos avances registrados durante 2026, el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto", tras ocho meses de la intervención estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. 

"La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", remarcó la presidenta de la misión ONU, la experta peruana Sofía Macher.

En su último informe y un documento de investigación complementario, alerta que las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad no han cambiado sus estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia.

En lo que respecta al trabajo de la prensa y otros actores de la sociedad civil, siguen enfrentando obstáculos para desarrollar su labor cotidiana.

CONTINÚAN LAS TORTURAS

El documento informa que durante este año se observa una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas, además de la liberación de cientos de personas detenidas por razones políticas. Igualmente, los expertos  constataron "un margen algo mayor" para la realización de protestas, reuniones públicas y actividades de organizaciones de la sociedad civil.

En cambio, la misión ha seguido documentando patrones de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos, citando casos de intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (un método apodado "la máquina del tiempo") en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I.

La misión recibió información sobre sesenta y cuatro nuevos casos de tortura desde el tres de enero, mientras cientos de personas siguen expuestas a "condiciones de detención deplorables".

Pese a la reducción en el número de presos políticos por las excarcelaciones, la misión señaló que entre trescientas y quinientas personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, según datos de organizaciones no gubernamentales.

"Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible", alertó la presidenta de la misión.

Por su parte, María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión, instó a las autoridades estatales de Venezuela a “adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”.

La Misión pidió a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho.

“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales”, señaló Alex Neve, otro de los expertos de la ONU que visitaron Venezuela.