Noticias

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó y distribuyó ayer a las otras 24 carteras que componen el Gobierno Central el oficio que mandata una reducción de US$ 4.000 millones para tratar de ordenar las cuentas fiscales.

Según publica El Mercurio, el documento de nueve páginas se cuestiona la herencia fiscal dejada por el anterior Ejecutivo, marcada por los tres desvíos consecutivos de las metas de déficit. El plan de Quiroz contempla una reducción en el límite de gasto definido para 2026 de US$ 3.000 millones, compuesta de un recorte transversal de 3% del gasto bruto de cada partida.

Se suma una disminución, a nivel del sector público, por US$ 1.000 millones, focalizado por cada ministerio individualmente. Antes de terminar la administración de Gabriel Boric se dispuso otro recorte por US$ 800 millones.

LA FÓRMULA DE QUIROZ

El instructivo establece que el ajuste tiene carácter permanente. “En consecuencia, su análisis deberá considerar tanto el efecto en el año 2026 como sus efectos en el mediano plazo”, indica.

El oficio puntualiza que la gestión para que el recorte presupuestario se traduzca en una reducción efectiva del gasto público es responsabilidad de cada ministerio, subsecretaría y servicio, “sin perjuicio que la función del seguimiento y asesoramiento esté radicada en la Dirección de Presupuestos (Dipres)”.

Indica que “el ajuste es ineludible, por lo que es imperativo que todos los ministerios contribuyan a la identificación de abusos, malas prácticas y espacios de eficiencia, tanto administrativos como programáticos, sin excepción”. Todos deberán informar al Ministerio de Hacienda o a la Dipres.

En esa línea, entre los criterios sugeridos por Hacienda para la elaboración del diagnóstico en cada ministerio destacan la revisión de contratos de servicios (arriendos, aseo, entre otros), con foco en la austeridad fiscal; análisis de abusos funcionarios (caso licencias médicas) o en la prestación de servicios que realice la institución; revisión de los sumarios en curso, en especial en el uso fraudulento de licencias médicas; y la revisión de la distribución de personal de la institución, como limitar la duplicidad de funciones.

Además, figura la revisión de ausentismo, en especial aquellos servicios con unidades descentralizadas; análisis de la distribución territorial de los servicios con foco en la eficiencia del gasto; y detener todo concurso y nueva contratación que no se encuentre finalizada y con proceso de trámite al 13 de marzo.

Otros criterios clave apuntan a la priorización de inversiones que estén desarrollando servicios que dependan de cada institución, las que tendrán un análisis particular en las reuniones con Dipres. Incluye un filtro clave: “no renovación de cupos de funcionarios acogidos a retiro”.

En el gobierno anterior se aprobó una norma que apuntaba en esa dirección, aunque implicaba cubrir un cupo por cada tres retiros.

En el oficio de Quiroz se suma que no habrá reemplazos de funcionarios por enfermedad o por cualquier causa legal que lo genere (excepto posnatal y enfermedad de hijo menor de un año), y detención de nuevos programas en transferencias sin excepción, y “detener cualquier gasto que al 10 de marzo no importe una obligación legal y que pueda contribuir al ajuste permanente”, entre otras.