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El servicio de mensajería Telegram evitó este miércoles una suspensión de sus operaciones en Brasil al acatar inmediatamente una orden del Supremo y rectificar un texto contra un proyecto de ley que busca ponerle freno a la desinformación en la internet. 

El magistrado Alexandre de Moraes, responsable de un proceso sobre difusión masiva de información falsa, había ordenado un bloqueo de 72 horas y fuertes sanciones pecuniarias si Telegram no retiraba ese texto, lo cual la empresa cumplió de inmediato. 

La reacción judicial respondió a un comunicado enviado la víspera por la cuenta de Telegram Brasil a sus usuarios, el cual sostenía que "la democracia está siendo atacada en Brasil" por ese proyecto legislativo contra la desinformación.

El comunicado también afirmaba que el proyecto de ley contra las noticias falsas "acabará con la internet moderna" en Brasil y que podría obligar a empresas como Telegram a dejar de prestar sus servicios. 

En su decisión, De Moraes también ordenó que la plataforma envíe otro mensaje a sus usuarios, en el que diga que "por determinación de la Corte Suprema de Brasil", la empresa reconoce que "el comunicado anterior caracterizó una flagrante e ilícita desinformación, que atenta contra el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Estado de Derecho y la Democracia Brasileña". 

Ese nuevo mensaje dice que la red social, "fraudulentamente, distorsionó la discusión y los debates sobre la regulación de los proveedores de redes sociales y redes de mensajería privada, en un intento de inducir e instigar a los usuarios a presionar a los parlamentarios". 

Telegram efectivamente lo transmitió en menos de una hora, con lo que logró evitar la suspensión de sus servicios.

El comunicado inicial de la compañía de mensajería ya había sido respondido por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que apoya el proyecto de ley en cuestión y que anunció que adoptaría  "medidas legales", pues "ninguna empresa extranjera es mayor que la soberanía" del país", según dijo el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta.

La semana pasada, Google también uso sus servicios para criticar el proyecto legislativo, que tramita en la Cámara de Diputados, y el Gobierno obligó a la empresa a retirar de sus plataformas el texto.

Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, Google usó su "poder económico" para promover una "campaña abusiva y engañosa" contra el proyecto de ley y un debate "parlamentario y democrático" que busca contener la masiva circulación de desinformación en internet.