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El pasado viernes 12 de enero la Fiscalía Metropolitana Sur recibió la denuncia hecha por Gendarmería, donde alertaba sobre graves amenazas a altos funcionarios, provocando que la institución emitiera un oficio enviado a sus funcionarios respecto al uniforme en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en las afueras del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) y los afectados por amenazas fueron el ministro de Justicia, Luis Cordero; del director nacional, Sebastián Urra, y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.

Tras las amenazas, Gendarmería emitió un oficio con una serie de medidas de seguridad para el personal penitenciario. Como primera medida se instruyó al personal civil o uniformado “abstenerse de transitar por la vía pública vistiendo uniforme o portando algún distintivo institucional, con el fin de evitar ser víctima de agresiones directas o indirectas, insultos o amenazas por parte de terceros”.

También se dispuso que los funcionarios no salgan del recinto penitenciario mientras se encuentre de servicio, “salvo que se trate del cumplimiento de una labor propia de su competencia y exigencia”.

Además, el personal de franco o con permisos administrativos también deberá abstenerse del uso de uniforme y/o distintivos que eventualmente pueden poner en riesgo su integridad y la de quienes lo acompañen.

Asimismo, los funcionarios no podrán usar el uniforme institucional para generar y/o publicar en redes sociales información que no se enmarque dentro de actividades propias de la institución.

Finalmente, se instruyó que el personal debe abstenerse de tomar fotografías o registros de video al interior de dependencias institucionales, tales como garitas de vigilancia, salas de circuito cerrado de TV, vehículos institucionales y calabozos de tribunales, entre otros, por tratarse de sectores especialmente vulneranbles.