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A poco más de tres años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, realizó un balance positivo del impacto de esta política pública, que ha permitido identificar a deudores, forzar el cumplimiento de las obligaciones y transferir recursos directamente a niños, niñas y adolescentes. El análisis lo entregó en el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach.

Cabe recordar que la Ley 21.389 comenzó a regir el 21 de noviembre de 2022 y creó un sistema electrónico gratuito, administrado por el Registro Civil, que permite inscribir a quienes mantienen deudas de pensión de alimentos por tres meses continuos o cinco discontinuos, siempre que exista una causa en tribunales de familia. El registro puede ser consultado por instituciones públicas y privadas obligadas por ley, como tribunales, bancos, notarías, municipalidades y servicios financieros.

Entre las principales consecuencias de figurar en el registro se cuentan la retención de devoluciones de impuestos, la imposibilidad de obtener o renovar licencia de conducir o pasaporte y la retención de operaciones de crédito desde 50 UF, entre otras sanciones. “Es un fenómeno que está muy arraigado en la cultura de nuestro país. Incluso desde la cultura popular, ‘papito corazón’ para algunos sigue siendo un nombre gracioso, asociado a la pillería de esconderse para no responder ante la justicia”, señaló la ministra Orellana.

Según cifras del Registro Civil, desde noviembre de 2022 se han inscrito 331.787 deudas, de las cuales 226.680 fueron canceladas o llegaron a acuerdo de pago, lo que representa una tasa de resolución del 68,32%. En términos simples, el registro histórico muestra que existen siete cancelaciones por cada diez inscripciones. Actualmente hay 295.263 deudores vigentes, de los cuales el 95,3% son hombres y el 4,7% mujeres.

La ministra Orellana explicó que uno de los primeros ajustes que debió realizar el gobierno fue corregir una falla estructural del sistema. “Cuando se aprobó la ley durante el gobierno del Presidente Piñera, el registro no permitía salir una vez inscrito. Era como un Dicom histórico. Nosotras lo pusimos en marcha, pese a que no traía recursos, y rápidamente identificamos ese problema”, relató, destacando el rol del Registro Civil en la implementación.

Un punto de inflexión se produjo en mayo de 2023, con la entrada en funcionamiento de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo, conocida como Ley Papito Corazón. Esta normativa permite que, ante una deuda, los tribunales ordenen de oficio el pago desde cuentas bancarias, instrumentos financieros, APV e incluso, en determinados casos, desde los fondos previsionales obligatorios del deudor.

Las cifras del Poder Judicial reflejan el alcance de esta medida: a noviembre de 2025, los tribunales de familia han ordenado el pago de $2.975.447.078.809 (más de 2,9 billones de pesos), monto equivalente a más de 62 teletones. Estos recursos han sido o serán transferidos a más de 322 mil familias en todo el país.

“Gracias a este mecanismo, los tribunales han logrado que el pago se ejecute efectivamente. ¿A dónde van estos recursos? A la cuenta de los niños y niñas a quienes se les debía la pensión”, subrayó la ministra. No obstante, las cifras también revelan desafíos pendientes: del total de deudores que cancelaron, un 26,33% reincidió, volviendo a ingresar al registro tras pagar o acordar su deuda.

En términos territoriales, la mayor cantidad de deudores se concentra en la Región Metropolitana, seguida por Valparaíso y Biobío, en proporción a su población. Para Orellana, el balance demuestra que el Estado ha avanzado en instalar una institucionalidad más robusta para enfrentar una deuda histórica. “Siete de cada diez casos se resuelven. Eso muestra que las herramientas funcionan, pero también que debemos seguir reforzando el cambio cultural y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades parentales”, concluyó.