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La política migratoria del Gobierno volvió a instalarse en el centro del debate luego de la propuesta que busca obligar a establecimientos educacionales y centros de salud, públicos y privados, a entregar información sobre migrantes en situación irregular a las autoridades. La medida generó críticas desde organizaciones sociales y abrió una nueva controversia en medio de las discusiones sobre expulsiones administrativas y control fronterizo.

En entrevista con el programa Línea 1 de Radio y TV Usach, el director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios Usach, Byron Duhalde, cuestionó la iniciativa y advirtió contradicciones en el discurso oficial.

“Son noticias bastante duras, pero en el discurso uno puede ver ciertas contradicciones porque vemos al subsecretario dando declaraciones respecto a que lo que dice la medida no es lo que se quiere hacer en realidad”, señaló el especialista, agregando que el texto de la indicación “es bastante explícito respecto a que se solicita y se determina como obligación legal que las entidades de salud y educación tengan que entregar esta información”.

La propuesta fue presentada por Máximo Pávez, ante la comisión de Gobierno del Senado, en el marco de un proyecto que busca agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de ciudadanos extranjeros. El texto establece que organismos del Estado, instituciones previsionales, centros de salud y establecimientos educacionales deberán proporcionar antecedentes personales de extranjeros involucrados en procedimientos migratorios.

El debate se intensificó además tras las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien relativizó una de sus principales promesas de campaña sobre expulsar a más de 300 mil migrantes irregulares desde el primer día de gobierno. El mandatario sostuvo inicialmente que la frase era una “metáfora” y luego corrigió señalando que se trataba de una “hipérbole”.

Para Duhalde, la medida representa “un intento de extender las manos del control migratorio a servicios que no tienen como fin y propósito gestionar la migración”, apuntando directamente al impacto que podría generar en comunidades vulnerables.

El académico advirtió además que la iniciativa podría vulnerar derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. “Los menores de 18 años que están en situación irregular tienen derecho a una visa temporal de dos años renovable posteriormente”, explicó, señalando que la propuesta “está más orientada en rastrear a los padres de estos menores”.

Según el director del Centro de Estudios Migratorios Usach, involucrar a escuelas y centros de salud en tareas de fiscalización podría provocar efectos contrarios a los que busca la política pública. “La gente deja de asistir a esos lugares que son espacios de protección, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, recordó experiencias internacionales como la del Reino Unido, que en 2014 incorporó mecanismos de control migratorio en recintos de salud. “Las consecuencias no fueron más deportaciones, sino que las personas dejaron de acudir a esos servicios”, afirmó.

Duhalde también cuestionó la falta de una estrategia migratoria integral por parte del Ejecutivo. “Uno mira el horizonte y no ve un plan estructurado en términos migratorios”, indicó, apuntando a medidas mediáticas como la construcción de zanjas en la frontera norte y los recientes vuelos de expulsión.

Finalmente, el especialista subrayó que la actual legislación chilena ya contempla restricciones y distintos tipos de permisos de residencia, por lo que llamó a abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva más amplia y coordinada, evitando medidas que, a su juicio, profundicen la vulnerabilidad de las personas migrantes.