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El fiscal nacional, Ángel Valencia, informó la semana pasada que instruyó solicitar prisión preventiva contra detenidos extranjeros que no cuenten con cédula de identidad. El “Criterio Valencia” ha provocado desde la presentación de un proyecto de ley en esa línea, por parte de senadores, hasta el llamado del Presidente Boric  a “no confundir a todos los migrantes con delincuentes”. 

Para la Directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios (CEM) de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en estudios americanos, Adriana Palomera, la medida puede provocar un problema no solo para quienes creen en los derechos de los migrantes, sino a nivel país, producto de la capacidad de los centros de detención para albergar un eventual aumento de población.

Además, la investigadora en migraciones, refugio y memoria considera que “va a llevar a aumentar la xenofobia. Se está instalando el criterio de que se vayan y que vienen a usufructuar de Chile. Con esta medida, en vez de pensar en el derecho de las personas a la migración, se instala la criminalización”.

A su juicio, esta manera de concebir la migración es errónea y termina poniendo en un mismo lugar al migrante y al delincuente. “Debe existir una inserción laboral oportuna, que respete los derechos de los migrantes; una inserción laboral que valide que esta población migrante viene a colaborar con Chile. Todas las cifras indican que el aporte de esta población es mayor al gasto que producen”, asegura. 

Finalmente, Palomera insiste en que el criterio no es el correcto para solucionar la crisis migratoria, sino “avanzar en un proceso de regularización y que en el país se fiscalicen buenos trabajos, para que los migrantes dejen de insertarse en los sectores más precarizados”, afirma. “Aquí hay una mala percepción y un mal enfoque del proceso migratorio y de los tiempos en que estamos”, concluye.