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Un nuevo antecedente sobre la defensa legal de funcionarios de Carabineros imputados por la comisión de delitos en el marco de sus funciones salió a la luz pública.

Según reveló radio Bío Bío, la Dirección de Bienestar de Carabineros contrató a dos reconocidos exfiscales que hoy figuran en la nómina de defensores de narcotraficantes que actualiza periódicamente la Contraloría General de la República (CGR).

Se trata de los profesionales Alejandro Peña y su socio José Villalobos. El citado medio reveló que solo en mayo de este año, tanto Peña como Villalobos recibieron un pago de $2,5 millones cada uno.

Desde radio Bío Bío indicaron que el dinero corresponden a fondos que provienen de una mixtura entre aportes de los propios uniformados a la Dirección de Bienestar y otros recursos del erario público.

Al ser consultados sobre el tema, desde Carabineros indicaron que “la naturaleza de la información pública disponible en los sistemas de justicia no permite conocer de manera detallada la materia específica de cada una de las causas defendidas por los abogados. Por tanto, no fue posible realizar una discriminación exhaustiva en esa línea durante el proceso”.

“Los criterios de inhabilidad que establece la Ley 20.000 aplican para el ingreso a la planta de funcionarios públicos, lo que no corresponde en este caso, dado que se trata de asesorías jurídicas externas, por lo que no se configura vínculo laboral con la administración del Estado“, añadieron.

Agregaron que para escoger a los postulantes se tuvo en consideración “la evaluación curricular” de cada uno de ellos.