Polémica generaron los dichos del diputado José Carlos Meza (republicanos), quien habló de la posibilidad de conmutar condenas a reos con enfermedades terminales, incluidos violadores de menores.
En entrevista con CNN Chile, el parlamentario abordó la idea de indultar por razones humanitarias a reos de edad avanzada y con enfermedades terminales. Ante la pregunta respecto a si el beneficio debería aplicarse incluso a un violador de niños, el diputado republicano respondió: "Yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones". "Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera en su casa", remató.
En entrevista con el programa Línea 1, de Radio Usach y Tv Usach, Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería se mostró contrario a la idea, propuesta por el parlamentario Meza.
“Cuando se pone en el centro de la discusión la seguridad del país, creo que se contrasta esa idea cuando se piensa en indultar a delincuentes. Los delincuentes tienen que estar en la cárcel, es donde le corresponde”, comentó el dirigente.
AMENAZAS
Esta semana, Gendarmería de Chile activó una alerta institucional tras un inusual episodio ocurrido la mañana de este lunes en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, donde una mujer llegó hasta el acceso principal para entregar coronas de flores dedicadas a dos oficiales del recinto. El hecho fue considerado por la institución como una posible amenaza y derivó en una denuncia ante el Ministerio Público.
De acuerdo con la información proporcionada por el organismo penitenciario, las coronas fueron dejadas a nombre de los funcionarios, lo que encendió las alarmas internas debido a que este tipo de elementos ha sido utilizado en ocasiones anteriores como señales intimidatorias hacia personal penitenciario.
Tras recibir los arreglos florales, Gendarmería activó sus protocolos de seguridad tanto al interior como en el exterior del CDP. Las acciones incluyeron un operativo de registro, el allanamiento de dos módulos y la realización de diversas diligencias con el fin de descartar riesgos y esclarecer el origen del gesto.
Pablo Jaque Garrido aseguró que este es un hecho que se repite en el tiempo y que los responsables serían delincuentes peligrosos, “que quieren poner alerta y hacerse del poder penitenciario”.
“Es una situación compleja, que se tiene que investigar. Nosotros somos los primeros que hemos insistido ante la autoridad que esto se tiene que investigar a fondo y dar con los responsables, que se coluden para instalar este tipo de amenaza”, comentó el dirigente, quien recordó un caso similar ocurrido a principio de año en Cauquenes, donde se amenazó a un funcionario en su domicilio particular, hecho que aún se mantiene en investigación sin responsables reconocidos.
“Estamos en contra de todos los actos de corrupción que puedan aparecer en la institución, nosotros queríamos saber la verdad respecto de esos temas, que se llegara al fondo y que se sancionen lo más drástico posible, pero a la fecha nos llama poderosamente la atención que no hemos conocido ningún avance respecto a este tema”, comentó Pablo Jaque.
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