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La senadora María José Gatica presentó un proyecto de ley que apunta a reforzar la responsabilidad de padres y apoderados frente a casos de acoso escolar, en un contexto marcado por el aumento de denuncias y episodios de violencia entre estudiantes en distintos establecimientos del país.

La iniciativa, entregada a la ministra de Educación María Paz Arzola, propone modificar la Ley General de Educación para incorporar una sanción específica en su artículo 16 D. En concreto, establece que los padres o tutores que, tras ser notificados formalmente por el colegio sobre conductas de bullying de sus hijos, no adopten medidas para evitar su repetición, podrán enfrentar multas de hasta 50 UTM, es decir, más de $3,4 millones.

El proyecto además endurece las sanciones en caso de reincidencia, permitiendo duplicar la multa si las conductas de acoso persisten. Para evitar estas sanciones, los apoderados deberán acreditar ante el establecimiento que están tomando acciones concretas para corregir el comportamiento del menor.

“La protección de los niños debe estar por sobre cualquier excusa”, sostuvo la parlamentaria por la Región de Los Ríos, quien enfatizó que el objetivo no es castigar por castigar, sino generar incentivos claros para que las familias asuman un rol activo en la prevención del acoso escolar.

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¿NUEVA LEY O NORMATIVA REDUNDANTE?

Desde el mundo académico, la iniciativa genera reparos. La abogada Patricia Ramírez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile y coordinadora de su clínica jurídica, cuestiona la necesidad de una nueva normativa.

“A mi entender es absolutamente innecesario que haya esta normativa porque si uno revisa el ordenamiento jurídico vigente en Chile, ya existen normas que buscan sancionar el acoso escolar”, afirmó la experta.

Ramírez explicó que el Código Civil de Chile ya establece la responsabilidad de los adultos por los actos de los menores bajo su cuidado, lo que permitiría perseguir responsabilidades en casos de bullying, especialmente cuando existen daños psicológicos u otras consecuencias para la víctima.

No obstante, la académica abre una ventana a la discusión en términos procedimentales. “A lo mejor si la ley nueva propone un procedimiento más corto que no sea un juicio civil ordinario, ya estaría el mecanismo para decirle al adulto responsable que asuma, desde un punto de vista patrimonial, las consecuencias del daño”, planteó.

Asimismo, Ramírez subrayó que no solo los padres podrían ser responsables, sino también los establecimientos educacionales. “Desde el punto de vista del colegio, también habría responsabilidad, sobre todo porque existe un contrato de prestación de servicios y un deber de cuidado. Si los hechos constituyen delito, además, tienen la obligación de denunciar”, señaló.

En esa línea, advirtió que el marco legal vigente ya permite perseguir responsabilidades tanto de apoderados como de colegios en su rol de garantes, lo que, a su juicio, vuelve discutible la necesidad de una nueva ley.

“Para mí sería como tratar de reinventar la rueda. Puede ser una versión mejorada en términos de procedimiento, pero también genera expectativas en la ciudadanía que no necesariamente se van a cumplir”, concluyó.

DEBATE ABIERTO

Mientras el proyecto busca avanzar en el Congreso con el eventual patrocinio del Ejecutivo, el debate queda instalado entre quienes ven en la iniciativa una señal necesaria para frenar el acoso escolar, y quienes advierten que el foco debería estar en fortalecer y aplicar de mejor manera las herramientas legales ya existentes.

A esta discusión se suma la mirada de Bibiana Rendón, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, quien plantea que la medida aborda solo parcialmente el problema. “Es positivo que se reconozca que el bullying no es únicamente un problema del colegio, sino que también tiene relación con el entorno familiar. Sin embargo, el fenómeno es mucho más complejo, ya que involucra factores emocionales, sociales y culturales”, sostuvo.

La académica advirtió además que la falta de involucramiento parental no siempre responde a desinterés, sino también a condiciones estructurales. “Muchas veces tiene que ver con el sistema laboral y la sobrecarga de responsabilidades, por lo que, si no se abordan estas condiciones, la medida resulta insuficiente para enfrentar el problema de manera integral”, explicó.

Respecto a la responsabilidad legal de los padres, Rendón consideró que puede ser pertinente en casos de negligencia evidente, pero llamó a considerar los distintos contextos familiares. En esa línea, también alertó sobre posibles efectos contraproducentes: “Puede incentivar mayor compromiso, pero también generar tensiones con los establecimientos si se percibe como una medida punitiva más que colaborativa”.