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Con el paso de las horas salen a la luz pública nuevos antecedentes del caso del sicario liberado Osmar Alexander Ferrer Ramírez, venezolano de 18 años e imputado por el homicidio de José Reyes, quien fue dejado en libertad a menos de 24 horas de haber sido formalizado.

Desde Fiscalía indicaron que a través de un documento del Juzgado de Garantía se ordenó la liberación de Ferrer el pasado 10 de julio. En tanto, Gendarmería indicó, a través de un comunicado, que la orden para sacarlo de la cárcel llegó a través de los canales regulares.

LA JUEZA ROMPIÓ EL SILENCIO

Tras el destape del caso, la jueza Irene Rodríguez Chávez se refirió al escándalo tras la emisión de un documento que ordenó la liberación del imputado.

En conversación con TVN, la magistrada negó cualquier “dolo” o “corrupción” en el Poder Judicial. "Es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido. Yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas, la audiencia está muy clara en lo que hice y eso es lo que vale", acotó.

Agregó que "hay que ver qué es lo que pasó y es objeto de investigación, pero las tres órdenes de ingreso a Santiago I, después de la audiencia que hice, fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería. Y se dejó constancia en la causa que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche".

PRIMERA ORDEN CON ERROR

A través de un comunicado, el Poder Judicial sostuvo que "que la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo de informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para recibir un informe preliminar de la trazabilidad de las diferentes resoluciones de la causa".

"Que tras la primera revisión, se estableció que el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado y que a las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos", detallan.

Agregan que "existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 y a las 14:13 horas, respectivamente, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas", subrayan.

Agregan que "el mismo tiempo, el equipo directivo de la CAPJ constató que -inicialmente- se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial".

"Asimismo, presidenta (s) Chevesich instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia", añaden.

FALENCIAS EN PROCEDIMIENTOS

Desde la Agrupación de Familias contra el Crimen Organizado expresaron su nuestra profunda preocupación y alerta ciudadana ante el reciente caso de Osmar Ferrer, uno de los principales sospechosos del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

"Esto es una prueba de que el sistema judicial está profundamente vulnerado y corrupto. ¿Cómo es posible que alguien formalizado por asesinato quede libre con una orden sin los resguardos mínimos? Exigimos explicaciones urgentes. Porque esto no solo atenta contra la justicia, atenta contra la vida de nuestras familias", afirmó Karen Osorio, vocera de la agrupación.

"Esto no puede quedar en otro comunicado de ‘no descansaremos’. Necesitamos justicia que funcione, instituciones que respondan y decisiones que protejan a las personas, no a los criminales. Estamos en una emergencia institucional y no vamos a dejar de exigir respuestas", concluyó Karen Osorio.

En tanto, Lucía Dammert, socióloga y académica del departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, señaló sobre este tema que "la liberación de el presunto delincuente evidencia falencias claras en procedimientos que deberían tener niveles de rigurosidad más altas. Requiere de una profunda revisión de procedimientos, una clara identificación de responsabilidades y un extremo cuidado en jugar con la reputación institucional. Cuando se sigue debilitando la legitimidad de la justicia, no vienen procesos mejores".