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Desde la Presidencia, a través del Consejo de Defensa del Estado, apelaron a la resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) de entregar los correos institucionales del jefe de gabinete del Gobierno, Carlos Durán, y del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, al diputado Tomás Lagomarsino (IND) en el marco del caso Monsalve.

Según consignó Emol, el parlamentario había solicitado esta información para verificar las gestiones que se hicieron para hallar un reemplazo del exsubsecretario. En un comienzo, la petición fue denegada, pero tras apelar, el CPLT ordenó que se acogiera la solicitud.

Ante esta situación, el abogado Marcelo Chandía Peña, en representación de los órganos del Ejecutivo, presentó un requerimiento donde se pide acoger a tramitación el reclamo de ilegalidad en contra de la decisión del CPLT y “declarar su ilegalidad, dejar sin efecto la decisión y declarar que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República actuó conforme a derecho”.

En el documento, apuntan a “la afectación a la seguridad de la nación y al interés nacional, recogiendo sobre este punto que la información a la cual tienen acceso las personas cuyos correos electrónicos se remiten, está revestida de una alta sensibilidad, en virtud de los roles que los asesores individualizados tienen, como colaboradores directos de S.E., el Presidente de la República”.

“Se concluye que el Consejo para la Transparencia resolvió este caso de forma completa y manifiestamente ilegal, exigiendo la entrega de información que no se condice con lo señalado por la Ley de Transparencia y la jurisprudencia administrativa y judicial, obligando a la Presidencia de la República a entregar correos electrónicos no amparados por dicha normativas”, añaden.

Al respecto, el diputado Lagomarsino manifestó que "por la boca muere el pez. El FA fue muy crítico de la no entrega de los correos durante la pandemia y ahora, en esto, están haciendo exactamente lo mismo. A veces las críticas destempladas justamente hay que pensarlas dos veces".

"Estoy buscando antecedentes para sustentar aquello que ellos mismos indicaban en la Comisión Investigadora, para ver si efectivamente hicieron esas gestiones desde el 14. Por mi lado, vamos a llegar hasta la última instancia para requerirlo y ojalá que finalmente la institucionalidad se pronuncie a favor de uno y poder conocer esos correos”, indicó.

Y recalcó que "tampoco es que pidamos correos de 2-3 meses. Es súper específico, el 14, que ellos indicaron que el Presidente le requirió iniciar las gestiones para buscar un nombre de reemplazo y el 18, en que finalmente se le pide la renuncia al ex subsecretario Monsalve. Esos cinco días es exclusivamente lo que estoy pidiendo para constatar si efectivamente existían esas gestiones".