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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo a $500.000.

La jornada no estuvo extensa de debate, ya que horas antes la Comisión de Economía rechazó tres artículos de la iniciativa que fijaba los montos y plazos en los que el salario base iba a ser aumentado gradualmente.

Tras este debate y rechazo, la iniciativa continuó su trámite en esta tercera instancia legislativa, donde volvieron a exponer diferentes representantes de los gremios de las mipymes y de las y los trabajadores.

También habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien agregó al debate los costos que significan para el Estado la implementación de esa norma.

De acuerdo al informe financiero, el costo estimado para el conjunto de medidas que contempla el proyecto en 2023 es cercano a $169 mil millones. Dicha cifra aumenta a los $310 mil millones en 2024. En 2025 en tanto, la suma asciende a $132 mil millones. Todo esto en un escenario económico favorable; pues de no ser así se contempla un aumento de $40 mil millones extra el próximo año y de $30 mil millones para 2025.

A eso se suma un menor ingreso fiscal cercano a los $500 mil millones por la extensión hasta diciembre de 2023 de la tasa del impuesto de primera categoría en un 10%, para empresas acogidas al régimen Pro Pyme general.

A diferencia de la Comisión de Economía, los diputados de Hacienda sÍ aprobaron los montos y plazos del aumento del ingreso mínimo. En esta instancia, la propuesta del Gobierno contó con 9 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

Así, se respaldó que, desde el 1 de mayo de 2023, el ingreso mínimo se eleve a $440.000 para los trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años de edad y de hasta 65 años. Y que, luego, a contar del 1 de septiembre de 2023, se suba a $460.000, para volver ascender, a contar del 1 de julio de 2024, a $500.000, para el mismo grupo.

Junto a esto, respaldaron las normas vinculadas a las medidas de apoyo a las pymes. Así también los recursos destinados a la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares.