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Investigación

Comunidad académica en alerta por Fondecyt Postdoctorado 2027: Advierten riesgo de instalar un modelo científico utilitarista

Tras el rechazo transversal del mundo científico a las nuevas bases de la ANID, la Dra. Cristina Moyano analiza los riesgos de relegar a las humanidades y ciencias sociales, advirtiendo sobre el impacto en el recambio generacional y la autonomía investigativa en Chile.

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  • Sebastián Seymour Tapia

  • Martes 18 de agosto de 2026 - 12:14

El categórico rechazo de las principales instituciones científicas y universitarias a las nuevas bases del concurso Fondecyt Postdoctorado 2027 abrió un debate estructural sobre el rumbo de la investigación en Chile. 

Tras el reclamo formal de la Academia Chilena de Ciencias y la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), la molestia del mundo académico apunta a dos modificaciones centrales impulsadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID): la exigencia de residencia definitiva en Chile para postular y la reserva de hasta un 70% de las adjudicaciones para diez áreas específicas, orientadas casi en su totalidad a STEM, biomedicina y desarrollo productivo.

Sergio Lavandero, Premio Nacional de Ciencias Naturales y presidente de la Academia de Ciencias y del Instituto de Chile, a través de una carta enviada a la ministra Lincolao, advirtió que la medida entrega señales “desalentadoras por la forma en que se hizo efectivo y por la concepción que subyace a él”, remarcando que el diseño del concurso excluye en la práctica a las humanidades y las artes.

Diario Usach conversó con la Dra. Cristina Moyano, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, buscando entender qué significa para el desarrollo de las ciencias sociales estos cambios en el Fondecyt Postdoctorado 2027.

Consultada sobre el impacto nacional de esta priorización, la decana advierte que las consecuencias van más allá de las disciplinas afectadas: “El costo no lo pagan solamente las Humanidades, las Artes o las Ciencias Sociales; lo paga la capacidad reflexiva de la sociedad democrática”. En esa línea, recalca que este conocimiento “no constituye un complemento ornamental de la innovación tecnológica, sino que produce categorías mediante las cuales una sociedad se comprende, problematiza su presente e imagina sus futuros”.

Asimismo, Moyano enfatiza el rol de la educación pública frente a lógicas meramente productivistas: “Las universidades públicas cumplen precisamente la función de investigar aquello que no siempre posee demanda inmediata, rentabilidad económica o traducción en patentes y prototipos”. En ese sentido, concluye que “una democracia que fortalece su capacidad tecnológica mientras debilita su capacidad de crítica, memoria e imaginación política puede crecer en determinados indicadores, pero pierde herramientas fundamentales para comprender qué tipo de sociedad está construyendo”.

Respecto al trasfondo del nuevo esquema de financiamiento, la decana plantea que “se está promoviendo un modelo de desarrollo que tiende a identificar el valor estratégico del conocimiento con su capacidad de aplicación, transferencia productiva y resolución de problemas previamente definidos por el Estado”. 

Si bien reconoce la plena relevancia de sectores como biomedicina, minería o tecnologías de frontera, advierte que “el problema es que esta arquitectura instala una determinada concepción de utilidad y termina convirtiéndola en criterio jerarquizador del ecosistema científico”.

Para la académica, esta orientación genera un impacto directo en la diversidad del pensamiento nacional: “El principal vacío sería epistemológico, ya que podemos producir un país técnicamente más capacitado, pero intelectualmente menos plural”. 

Moyano recalca que un desarrollo integral debe financiar tanto ciencia aplicada como disciplinas cuyos resultados no son predecibles de antemano, advirtiendo que “cuando el Estado administra no solo los recursos, sino crecientemente las preguntas consideradas relevantes, corre el riesgo de confundir orientación estratégica con dirección epistemológica y de volver al sistema científico más homogéneo y dependiente de las prioridades de cada administración”.

Sobre los efectos en las nuevas generaciones de investigadores, la decana subraya que los fondos públicos condicionan tempranamente el desarrollo científico: “Las políticas de financiamiento no se limitan a distribuir recursos: también producen señales acerca de qué conocimientos, objetos y trayectorias resultan institucionalmente deseables”. 

En ese sentido, advierte que bajo este esquema «ya no basta con formular preguntas sólidas, originales y rigurosas; sino que también resulta conveniente formularlas en correspondencia con estructuras coyunturales de oportunidad», lo que termina por intervenir indirectamente en las agendas investigativas antes de que alcancen madurez.

Asimismo, la académica alerta sobre el riesgo de debilitar la autonomía y la continuidad de diversas disciplinas en el país: “La desigualdad en el acceso a financiamiento puede convertirse, con el tiempo, en una desigualdad en las propias capacidades de reproducción de los campos científicos”. 

Por ello, concluye que “si las nuevas trayectorias se construyen bajo una presión excesiva por adaptarse a prioridades coyunturales, el país puede ganar alineamiento de corto plazo, pero perder originalidad, pluralismo y capacidad de innovación intelectual en el largo plazo”.

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