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Tras una solicitud de parlamentarios de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió al Congreso un informe en el que aconseja recurrir a formas de financiamiento diferentes a las que propuso el Gobierno en su proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU).

Recordemos que el Ejecutivo presentó una iniciativa que incluye la modificación de exenciones tributarias – las que ya fueron incorporadas en la Ley de Presupuesto 2022 – y la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). 

Para el CFA, “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU". 

En lo referente a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuesto para este año, el organismo señaló que su uso para la PGU no implicaba un deterioro para el balance estructural -al menos en consideración a lo proyectado al 2026 – por lo que no “afectaría la deuda bruta del Gobierno”.

No obstante a lo anterior, la CFA señaló “una serie de precauciones y limitaciones  respecto de esta fuente de financiamiento” y sostuvo que un análisis de sostenibilidad de largo aliento no debiese basarse en una “programación de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural”.