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Las comunas con mayores niveles de vulnerabilidad concentran también los índices más altos de atraso y mora en el pago del Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de los sectores de menores ingresos: incluso en las comunas más acomodadas de la Región Metropolitana, el cumplimiento de pago apenas logra superar el 50% en casos puntuales como Vitacura y Las Condes.

Así lo revela el estudio “Beneficiarios CAE: Egresos, Pagos y Sostenibilidad del Sistema”, elaborado por académicos de la Facultad de Economía y del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior de la Universidad de Santiago de Chile, que entrega una radiografía detallada del perfil de los deudores del sistema.

El análisis, basado en datos de la Comisión Ingresa de 2023, se centra en 635.709 beneficiarios (equivalentes al 78% del total de deudores) que utilizaron el crédito una sola vez para financiar su carrera. De ellos, 507.066 lograron egresar, mientras que 128.643 desertaron. Entre los egresados, solo un 43% mantiene su deuda al día o completamente saldada, mientras que un 40% ya cuenta con garantía ejecutada, es decir, el Estado debió asumir el pago tras reiterados incumplimientos.

A nivel regional, la mayor carga de deudores con garantía ejecutada se concentra en la Región Metropolitana (42%), seguida por Biobío (15,7%) y Valparaíso (10,3%). En conjunto, estas tres zonas representan el 68% del total de egresados en esta condición.

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Si la situación se observa por comunas, las de mayor vulnerabilidad figuran con las tasas más altas de garantía ejecutada.

En 11 comunas están los egresados con sobre un 40% de las garantías ejecutadas como San Joaquín, La Granja, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda (PAC), San Ramón, Lo Espejo, La Pintana (lidera con 43%).

Si bien, las comunas de más altos ingresos se sitúan al final del listado también cuentan con porcentajes significativas de deuda que ha debido asumir el Estado: Ñuñoa y Providencia con un 33% de sus egresados con deuda, Lo Barnechea con un 28%, Las Condes con un 26% y Vitacura con 22%.

El informe concluye que, para más de la mitad de los beneficiarios provenientes de los sectores socioeconómicos más bajos, el acceso a la educación superior mediante el CAE no ha significado una mejora efectiva en su capacidad de enfrentar la deuda. “Se podría afirmar preliminarmente que, para los quintiles de menores ingresos, el crédito CAE puede no haber sido un mecanismo efectivo de movilidad social”, advierten los autores.

Este diagnóstico cobra especial relevancia en el actual escenario político, luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara la reactivación de los cobros del CAE, en línea con una política orientada a reforzar la responsabilidad de pago de los deudores.

Desde el Ejecutivo aseguraron que el Estado ha fallado en la recuperación de estos créditos. “Desde 2017 no se han iniciado acciones de recuperación”, afirmó e, ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Como consecuencia, la morosidad del CAE se disparó: pasó de $500 mil millones en 2017 a cerca de $4 billones en la actualidad, multiplicándose por ocho en términos reales.

OPCIONES DE CRÉDITO

El economista Víctor Salas, académico del Departamento de Economía de la Usach y uno de los responsables del informe, explica que el análisis se construyó a partir de información detallada de los beneficiarios del sistema.

“Trabajamos con la base que nos provee el organismo que maneja a todos los deudores, a todos los beneficiarios del CAE. Entonces, sobre esa base, uno a uno, dónde están, qué estudian, cuándo pidieron el crédito, en fin, todos esos datos están disponibles para poder hacer las estimaciones”, señala.

El investigador añade que el equipo lleva años monitoreando la evolución del crédito, en un contexto donde ya se anticipaba la discusión sobre su reforma. “Nosotros estamos permanentemente trabajando con estos datos hace un par de años y los hemos ido actualizando. Partimos el 2023 revisando la situación del CAE, cuando ya comenzaba a discutirse una propuesta desde el gobierno. Fuimos invitados al Ministerio de Educación a analizar alternativas como el FES, y desde entonces los datos nos han mostrado que la situación del CAE es insostenible. Yo creo que hay que cerrarlo”, afirma.

En esa línea, Salas advierte que cualquier cambio requiere una alternativa viable de financiamiento para los estudiantes. “Tiene que existir un sistema para quienes necesitan crédito. Si no se avanza en perfeccionar el FES, probablemente se tendrá que diseñar un mecanismo tipo fondo solidario, donde el Estado financie directamente y no los bancos”, plantea.

Respecto al comportamiento de pago, el académico subraya que el principal problema ha sido la morosidad, incluso en un contexto donde se han implementado medidas para facilitar el cumplimiento. “La principal dificultad ha sido el pago, pese a que se han hecho esfuerzos para aliviar la carga de los deudores. Aun así, se sabe quiénes son y la deuda sigue presente”, indica.

Asimismo, advierte que el fenómeno también alcanza a sectores de mayores ingresos. “Hay personas con capacidad de pago que se acogieron a la expectativa de condonación que existía hace algunos años, lo que generó una respuesta negativa en términos de cumplimiento”, sostiene.