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Los masivos operativos desarrollados durante la madrugada de este martes en cárceles de siete regiones del país, que permitieron desarticular una red de corrupción al interior del sistema penitenciario, evidencian las profundas debilidades estructurales del control estatal en las prisiones chilenas. Así lo planteó la socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, en entrevista con el programa Línea 1 de Radio Usach y TV Usach.

Las diligencias, encabezadas por la Fiscalía Nacional, Gendarmería y la Policía de Investigaciones (PDI), se realizaron en nueve recintos penitenciarios de las regiones Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins, además de decenas de domicilios particulares. En el despliegue participaron más de 500 detectives de la PDI y 190 funcionarios de Gendarmería.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, una organización criminal operaba desde el interior de la cárcel Santiago 1 y del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en coordinación con cerca de 40 gendarmes que, mediante sobornos, facilitaban el ingreso de artículos prohibidos como celulares, drogas, alcohol, chips, comida y ropa, además de permitir el ingreso irregular de mujeres para comercio sexual bajo la figura de visitas autorizadas.

En su análisis, Dammert advirtió que este tipo de hechos no son aislados, sino que responden a condiciones estructurales del sistema penitenciario. “No vamos a poder terminar con los mercados ilegales si no aumentamos el poder estatal para la fiscalización de los hechos de corrupción. Este es un ejemplo clásico”, afirmó la académica.

La investigadora subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado y de las instituciones encargadas de fiscalizar, incluso entre ellas mismas. “Necesitamos un Estado fuerte y ojalá que el gobierno reconozca la necesidad de invertir en las instituciones que fiscalizan a las instituciones, porque si no, el desarrollo de los mercados ilegales termina buscando o comprando voluntades para poder funcionar”, sostuvo.

Asimismo, Dammert apuntó al hacinamiento y al uso intensivo de la prisión preventiva como factores que incrementan los riesgos de corrupción. “Cuando las cárceles están súper hacinadas y totalmente utilizadas para meter gente en prisión preventiva o prisión general, la tensión y el aumento de la corrupción es muy alto”, explicó.

Finalmente, la académica enfatizó que el éxito del operativo no debe medirse solo en detenciones, sino en las consecuencias judiciales que tenga el caso. “Lo importante no es solamente detener, sino que al final del día haya castigos”, concluyó.