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En medio de la controversia por la decisión del gobierno de remover a las principales jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, expresó duras críticas en una entrevista con el programa “Línea 1” de Radio y TV Usach.

La exautoridad calificó la medida como “preocupante” y acusó una contradicción entre el discurso del Ejecutivo y sus acciones. “El mensaje y la señal que se envía es muy contradictoria con lo que se quiere instalar sobre una especie de continuidad. Se está faltando a la verdad y se está desvirtuando la naturaleza de los cargos que se desvincularon”, afirmó.

El ajuste, formalizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante un documento firmado el 31 de marzo, implicó la salida de figuras clave del programa, entre ellas la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, junto a otros coordinadores estratégicos del plan. La medida se hará efectiva a partir del 1 de abril.

Quintanilla enfatizó que los funcionarios desvinculados no correspondían a cargos de confianza política, sino a profesionales seleccionados mediante concursos públicos. “Son personas que cumplen labores técnicas, con trayectoria acreditada y competencias muy específicas vinculadas a la implementación del Plan Nacional de Búsqueda”, sostuvo, subrayando que no existía obligación de renuncia con el cambio de gobierno.

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En esa línea, defendió la carrera funcionaria dentro del Estado y cuestionó los argumentos utilizados para justificar las desvinculaciones. “El aparato estatal no es un grupo de amigos ni espacios donde la confianza se construya sobre la base de subjetividades individuales”, afirmó, agregando que se intenta instalar una narrativa errónea sobre supuestas deslealtades.

La exsubsecretaria también puso en duda los criterios detrás de los cambios en la jefatura del programa, señalando que el eventual reemplazo no habría pasado por los procesos formales del sistema de Alta Dirección Pública. “Eso no es coherente con los estándares que establece el propio Servicio Civil”, indicó.

Desde su perspectiva, la decisión no solo afecta la continuidad del trabajo técnico, sino que además tiene consecuencias para las víctimas. “Es una señal que preocupa y que sin duda revictimiza a las miles de familias que han sido parte de esta política pública, que no es un capricho del gobierno de turno, sino una obligación del Estado”, advirtió.

Quintanilla defendió además los avances alcanzados por el plan, creado durante la administración del expresidente Gabriel Boric en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Según detalló, se pasó de realizar entre seis y ocho diligencias anuales a más de 170, además de la elaboración del primer mapa de trayectorias georreferenciado y la consolidación de una nómina única de víctimas.

“Si hay críticas a la gestión, existen mecanismos dentro del Estado para evaluar y diagnosticar. Pero aquí no se puede simplemente alegar deficiencias sin ninguna base ni sustento”, recalcó.

Finalmente, la exautoridad acusó un “desmantelamiento” más amplio en materia de derechos humanos, apuntando también a la salida de otros funcionarios con larga trayectoria y al retiro de decretos desde la Contraloría. “Hay una incoherencia total entre lo que se dice y lo que se hace. Esto pone a las familias y a la sociedad en un estado de alerta muy preocupante”, concluyó.