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La Fiscalía Nacional comunicó este viernes la remoción de Patricio Cooper del Caso Procultura.

La decisión, basada en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, responde a la “complejidad y gravedad” de la causa y busca “asegurar su continuidad y objetividad”, según detalló un comunicado oficial.

"Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público", explicó el comunicado.

"El compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal", agregó el escrito.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, asumirá el liderazgo de las diligencias. La Fiscalía Nacional justificó el cambio señalando que el primer hecho investigado ocurrió en esa región. Esto “garantiza un desarrollo adecuado” del proceso, expuso el ente persecutor.

OPINIONES DESDE EL MUNDO POLÍTICO

El diputado Andrés Celis (RN) querellante en el caso ProCultura, lamentó “profundamente” la decisión de la Fiscalía Nacional de sacar al fiscal Cooper, acentuando que “los avances que se estaban a punto de demostrar eran en definitiva dejar al descubierto esta verdadera peligrosidad de la red de corrupción por la cual estaba atravesando esta fundación”.

La diputada Camila Flores (RN) calificó la decisión del fiscal nacional como “una señal negativa”, ya que, sostiene que Cooper “se estaba atreviendo a levantar todo el ruido que sea necesario con tal de que los eventuales culpables de delitos paguen por esta situación”.

Por otro lado, desde el oficialismo, la destitución del fiscal Patricio Cooper por parte de la Fiscalía Nacional fue vista con buenos ojos.

Desde la bancada de diputados del Partido Socialista (PS), reafirmaron su “compromiso con el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos”.

Asimismo, afirmaron valorar “la decisión de la Fiscalía de remover al fiscal Patricio Cooper, cuyo actuar –calificado por los tribunales como arbitrario y contrario a la legalidad– no representa un simple error, sino una grave vulneración a los principios que deben guiar al Ministerio Público”.

El diputado Jaime Mulet, abanderado presidencial del FSRV, señaló que “es urgente fiscalizar a los fiscales, no pueden ellos investigar a la vez cometiendo infracciones de ley, sería contradictorio. La Corte de Apelaciones de Antofagasta dio en el clavo: tienen que investigar, pero no violando los derechos humanos de una testigo o de cualquier otra persona”.

Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores aseguró que lo resuelto por el tribunal de alzada es “tremendo porque no solamente, de manera contundente, explica lo que es un Estado de Derecho y cómo se puede vulnerar aún en nombre de la ley”.