Este lunes, el Ejecutivo ingresó, con carácter de suma urgencia, el proyecto de ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de pensiones a través del senado.
La iniciativa, que había sido descrita hace algunos días por la ministra de La Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, busca generar un pago permanente de la deuda, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad.
En la ocasión, Orellana sostuvo: “Hoy estamos cumpliendo con nuestra palabra, pensando en mejorar la experiencia de miles de personas, por abrumadora mayoría mujeres, que tienen que deambular por tribunales actuando casi en las tres funciones: como denunciantes, investigadoras y aportantes de la prueba”.
La secretaria de Estado indicó que el documento indica “plazos oportunos, la obligación del tribunal de ser él quien indague el patrimonio del deudor y que dónde encuentre y detecte patrimonio ejecute el pago para la cuenta del alimentante”.
En síntesis, el proyecto establece que ante la existencia de una deuda de pensión alimenticia de tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales que esté lista para ser cobraba en favor de un hijo o hija, éste o su representante legal, podrá solicitarle al tribunal que dictó la resolución donde consta la deuda, que ordene el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias u otro instrumento de inversión.
En el caso de que no existan fondos en tales instrumentos o estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, ésta podrá cobrarse en la cuenta de capitalización individual obligatoria (AFP) del deudor.
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