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El caso revelado por el medio El Líbero sobre Jesús Véjar Vega, uno de los beneficiados de las pensiones de gracia vitalicias otorgadas por el Gobierno a personas víctimas de violencia durante el estallido social, generó un nuevo frente en el Ejecutivo. 

Véjar había sido condenado en 2014 a cinco años de presidio por el homicidio de un recolector de basura. El beneficiado recibe mensualmente "dos sueldos mínimos no remuneracionales", lo que corresponde a cerca de $600 mil.

Es por esta razón que el Gobierno presentará este lunes el proyecto para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos. De esta manera, la iniciativa busca invalidar el beneficio entregado a quienes hayan cometido delitos.

Por este caso y otros cinco más que se conocen, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN), señaló en El Diario de Cooperativa que esperan que "las señales sean claras contra la delincuencia y a favor de las víctimas y las familias que quieren vivir tranquilos".

En tanto, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, anticipó en El Mercurio que respecto a estos casos, "hay un proyecto de ley en trámite en el Congreso y yo tengo que ir la próxima semana a la Comisión de Desarrollo Social en donde hay varias mociones", sesión en la cual ingresará indicaciones "que buscan dos cosas que a partir de la experiencia histórica nunca han sido consideradas".