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 El Gobierno anunció que solicitará revisar conducta del juez Héctor Barraza, quien autorizó revelar la identidad de 50 testigos protegidos que declararon en el marco de la investigación contra el clan Los Gallegos vinculados al Tren de Aragua.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que el Ejecutivo “está analizando las facultades constitucionales, y también legales, que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente”.

De esta forma, explicó que se encuentra evaluando la facultad que el Presidente de la República tiene, particularmente en el “artículo 32 de la Constitución en el numeral 13, que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial”.

En ese sentido, explicó que esta materia se le ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero. “El Gobierno pretende actuar para hacer ver que esta conducta grave no debió haber ocurrido”, manifestó la autoridad.

Al ser consultado si el juez pudo haber sido objeto de alguna extorsión por parte del Tren de Aragua, el subsecretario recalcó que “no tenemos ningún antecedente que nos indique aquello”.

“Lo que sí tenemos antecedentes es que los fiscales que participan de la causa y testigos que participan, sí habían previamente recibido amenazas”, precisó.

En ese sentido, subrayó que “una medida como la que tomó el juez de Garantía, para nosotros, eventualmente coloca en riesgo la vida de las personas cuyos antecedentes hasta ahora se mantienen en reserva”.