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La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este jueves nuevos allanamientos y diligencias en la Región Metropolitana, Atacama, Coquimbo y Aysén, en el marco de una investigación por eventuales delitos de corrupción asociados a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

El operativo movilizó a más de 80 funcionarios policiales y contempló la incautación de teléfonos celulares, computadores y documentos considerados relevantes para la investigación. Entre los lugares registrados se encuentra la sede central de Junaeb, además de domicilios vinculados a exfuncionarios y otros actores relacionados con la causa.

La investigación se originó a partir de antecedentes entregados por la propia Junaeb al Ministerio Público por eventuales irregularidades en contratos de alimentación escolar adjudicados a la empresa Soser entre 2021 y 2023. Lo que inicialmente apuntaba a posibles fraudes y sobreprecios ahora se amplió para determinar si existió un mecanismo de corrupción que se habría extendido en el tiempo y a distintas regiones del país.

Tras el allanamiento a las oficinas de Junaeb, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, explicó que la diligencia busca reunir antecedentes respecto de una serie de delitos. Entre ellos mencionó fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias. La investigación, sin embargo, permanece bajo carácter reservado y hasta ahora no existen personas detenidas.

DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la información conocida durante esta jornada respecto de diligencias investigativas llevadas adelante por el Ministerio Público en el Congreso Nacional, en el marco de una causa relacionada con eventuales irregularidades vinculadas a procesos de… pic.twitter.com/TwRclcKbdT

— Senado Chile (@Senado_Chile) August 20, 2026

¿DE DÓNDE SURGE LA INVESTIGACIÓN?

Uno de los antecedentes centrales corresponde a contratos adjudicados a Soser para la entrega de alimentación escolar en la Región de O’Higgins durante el período 2021-2023. De acuerdo con los antecedentes que dieron origen a la investigación, la empresa habría recibido contratos para proporcionar determinadas raciones de alimentación que, según la denuncia, finalmente no fueron entregadas.

Este caso se relaciona con cuestionamientos que ya habían sido detectados en años anteriores por organismos fiscalizadores respecto del funcionamiento de los programas de alimentación de Junaeb. La investigación del Ministerio Público busca ahora establecer si las irregularidades correspondieron a hechos aislados o si detrás de ellas existió un mecanismo coordinado para favorecer determinados intereses.

La fiscal Encina sostuvo que, aunque la indagatoria se había concentrado inicialmente en O’Higgins, los antecedentes recopilados permiten sospechar que situaciones similares podrían haberse producido en otras regiones.

El allanamiento de las dependencias del organismo busca obtener información que permita reconstruir cómo se tomaron determinadas decisiones administrativas y contractuales relacionadas con el PAE.

Según explicó el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, la institución colaboró desde el inicio con el Ministerio Público y fue esta administración la que entregó antecedentes a la Fiscalía para que se investigaran las posibles irregularidades.

Peña señaló que la denuncia original apuntaba a eventuales delitos como fraude al fisco, prevaricación, negociación incompatible y conflictos de interés. Sin embargo, durante el avance de la investigación se incorporaron nuevas líneas relacionadas con posibles delitos de corrupción.

“Hoy día se abren líneas de investigación que son complementarias”, afirmó el director, quien sostuvo que los nuevos antecedentes respaldarían la existencia de actuaciones que se habrían apartado de las normas de probidad.

EXFUNCIONARIOS, PARLAMENTARIOS Y OTROS ACTORES BAJO LA LUPA

La investigación ya no se limita a la relación contractual entre Junaeb y Soser. Las diligencias autorizadas por la Fiscalía también alcanzaron inmuebles vinculados a parlamentarios y otros actores, entre ellos los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el lobbista Darío Calderón.

De acuerdo con la fiscal Encina, estas diligencias se relacionan con antecedentes que podrían constituir eventuales delitos de cohecho. Esto no significa que las personas allanadas hayan sido formalizadas ni que exista una condena en su contra, sino que sus vínculos están siendo investigados por el Ministerio Público.

La causa también apunta a exfuncionarios de Junaeb que tuvieron responsabilidades durante la administración anterior. Entre los domicilios registrados se encuentra el de la exdirectora del organismo, Camila Rubio, además de otras exjefaturas relacionadas con el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar.

Otro de los nombres que aparece en la investigación es Alejandro Layseca, quien se desempeñó como jefe jurídico de Junaeb hasta 2022. Según los antecedentes expuestos en la causa, durante su paso por el organismo habría tenido participación en modificaciones contractuales y aumentos de pagos a Soser, para posteriormente incorporarse como asesor legal de dicha empresa.