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La Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó ilegalmente durante su gestión en el gobierno de José Antonio Kast.

El órgano fiscalizador concluyó que la exautoridad se extralimitó en sus funciones al enviar un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando antecedentes detallados de funcionarios vinculados al caso "Clan Chen" en Tarapacá.

De acuerdo con el dictamen, originado por los requerimientos de los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, la solicitud se realizó a menos de 48 horas de que Steinert asumiera el cargo en marzo de este año. 

La exministra exigió nombres completos, RUT, grados, destinos actuales y posibles antecedentes disciplinarios o penales de los policías involucrados. La Contraloría resolvió que este nivel de detalle no era necesario para las labores de planificación y supervisión propias del Ministerio de Seguridad, y advirtió que la legislación prohíbe explícitamente requerir información que pueda interferir con una investigación penal vigente.

La Contraloría determinó que el requerimiento superaba las atribuciones legales de la cartera de Seguridad, debido a que la información solicitada no guardaba relación con sus tareas de planificación, coordinación y control. 

Asimismo, el ente fiscalizador recordó que la normativa vigente impide terminantemente demandar antecedentes que pongan en riesgo la integridad de un proceso judicial en curso, un escenario que se habría dado con la acción de Steinert.

El informe de Contraloría dice explícitamente que “En efecto, no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad que define dicho MSP.”

POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

El dictamen también expone un posible conflicto de interés, ya que los funcionarios fiscalizados pertenecían a una brigada policial que trabajó con Steinert cuando ella se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá. 

Por este motivo, el organismo acreditó que la exministra debió haber observado el principio de abstención. Si bien la Contraloría aclaró que la salida posterior de la subdirectora de Inteligencia de la institución se ajustó a derecho y no atribuyó responsabilidades de índole penal, el documento ratifica de forma categórica que su accionar no respetó el marco normativo de las atribuciones ministeriales.