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Nueva ley para cigarrillos electrónicos: Todo lo que debes saber de la norma que regula su venta y publicidad

La normativa prohíbe su comercialización a menores de 18 años, exige advertencias sanitarias en los productos y restringe la publicidad: solo se permitirá en puntos de venta sin visibilidad exterior.

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  • Diario Usach

  • Lunes 19 de mayo de 2025 - 07:19

A contar de este martes, comenzará a regir la Ley 21.642, norma que marca un antes y un después en la regulación del comercio de cigarrillos electrónicos, tanto los sin nicotina, así como de los líquidos utilizados para su vaporización.

La legislación, que fue discutida durante más de cuatro años en el Congreso y que finalmente fue publicada en el Diario Oficial el pasado 19 de febrero, tiene entre sus principales objetivos “prohibir la venta de estos productos a menores de 18 años” e “incorporar a todos los productos de este tipo (…) una clara advertencia sanitaria sobre los riesgos y daños asociados”, explicó Celso Muñiz, encargado de la Oficina de Control de Tabaco del Ministerio de Salud al diario El Mercurio.

Además de limitar el acceso a menores de edad, la ley contempla estrictas restricciones a la publicidad de estos dispositivos. Por ejemplo, en los puntos de venta, solo podrá realizarse en formato físico impreso, sin ser visible desde el exterior ni ubicada cerca de productos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Tampoco se permitirá su instalación dentro de un radio de 400 metros de colegios o recintos de salud.

En cuanto a medios de comunicación, la norma permite la publicidad únicamente en radio, entre las 20:00 y las 06:00 horas, y exige una advertencia auditiva de al menos ocho segundos, que será provista por el Ministerio de Salud. Para la publicidad impresa, se establece que el 50% del espacio del mensaje deberá ser ocupado por una advertencia sanitaria.

La implementación de esta normativa será complementada por un decreto supremo en proceso de elaboración, el cual deberá ser aprobado por la Contraloría General de la República. Con esta medida, el Estado busca reforzar el control del uso de dispositivos de vapeo, especialmente entre menores de edad, y establecer un marco claro de protección frente a sus posibles efectos en la salud.

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