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El cierre de la embajada venezolana en Chile estaría dificultando los procesos de expulsión de más de 8 mil ciudadanos de ese país. La Policía de Investigaciones (PDI) advirtió que es “imposible” materializar estas deportaciones.

Luego de que el gobierno de Venezuela decidiera retirar su cuerpo diplomático y cerrar su consulado en el país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que “esto tiene un efecto central respecto al proceso de expulsiones, porque en el caso de Venezuela, quiero volver a decir eso, en el caso de Venezuela, la falta de consulado nos impide ejecutar las expulsiones”.

Según consignó La Tercera, pese a que en los últimos años ha aumentado el número de deportaciones de venezolanos, hay una cifra abultada de expulsiones decretadas que continúan pendientes.

De acuerdo con cifras del gobierno, a la fecha hay más de 8 mil decretos de expulsión de ciudadanos venezolanos que no se han ejecutado y que se verán aún más demorados tras el cierre del consulado.

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Debido a esta situación, el Servicio de Migraciones se encuentra realizando una serie de coordinaciones con Cancillería para buscar una fórmula que les permita verificar la identidad de ciudadanos y obtener la documentación que se requiere para que estos puedan ser retornados a su país.

Por otro lado, la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) de la PDI ha indicado que “para concretar las expulsiones judiciales y administrativas de ciudadanos venezolanos se requiere que la representación consular de ese país verifique identidad, documente y autorice a sus connacionales dentro del territorio nacional, como asimismo a los oficiales escoltas que, necesariamente, deben acompañar a los expulsados hasta Venezuela”.

“Como es de público conocimiento, actualmente no existe representación consular venezolana en el país, siendo imposible generar los procesos antes descritos”, acotaron.

En esta línea, explicaron que “para materializar expulsiones de ciudadanos extranjeros la Policía de Investigaciones de Chile coordina permanentemente con el Sermig, quienes son los encargados de adquirir los pasajes aéreos tanto para los expulsados como para los escoltas”.

Ahora el Régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado, mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 5, 2024