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La Contraloría General de la República otorgó un plazo de 10 días hábiles a la Superintendencia de Pensiones (SP) para entregar un informe sobre su rol fiscalizador frente a las inversiones realizadas por las AFP, en medio de los cuestionamientos por las pérdidas registradas en el Fondo E.

Específicamnete el requerimiento busca esclarecer qué acciones de supervisión realizó el regulador respecto de las decisiones de inversión de las administradoras y si estas se ajustaron a las obligaciones de fiscalización establecidas en la normativa vigente, informó Radio ADN.

La solicitud surge, luego que la bancada de diputados de la Democracia Cristiana pidiera investigar cómo el SP ejerció sus funciones de vigilancia sobre las administradoras y sobre las decisiones de inversión que afectaron los ahorros de los afiliados del fondo más conservador del sistema de multifondos.

La Contraloría indicó que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad”. Al mismo tiempo, instruyó remitir todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de los parlamentarios.

No obstante, la solicitud de información no implica por sí misma que se hayan establecido irregularidades ni responsabilidades administrativas.