Manuel del Carmen Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) condenado a cinco años y un día de presidio por torturas cometidas durante la dictadura, recibió una rebaja de ocho meses en su condena, beneficio que le permitió adelantar el término de su pena mientras cumplía reclusión en Punta Peuco.
En una entrevista con Mega Investiga, el exuniformado, de 90 años, aseguró que su salida del recinto penitenciario estaba prevista para marzo de 2026, pero que el proceso se habría retrasado porque el gobierno de Gabriel Boric no habría tramitado el decreto correspondiente. Según su relato, finalmente pudo abandonar el penal en junio de este año.
“La salida mía era de marzo, pero como Boric no firmó… Ahora le agradezco que no lo firmó, porque quizás igual no me habría dado la salida”, afirmó Cabezas al medio.
El exsuboficial agregó que fue el actual mandatario quien autorizó su salida: “Firmó el Presidente Kast”.
El decreto que concedió el beneficio fue firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por orden del Presidente de la República, y su transcripción fue suscrita por el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval.
“Este beneficio me lo gané yo por conducta sobresaliente”, sostuvo el exuniformado. La postulación a estas rebajas considera antecedentes de comportamiento penitenciario, a partir de los procedimientos de evaluación correspondientes.
El caso adquirió relevancia en medio de la controversia por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas privadas de libertad, entre ellas condenados por delitos sexuales contra menores de edad y responsables de crímenes cometidos durante la dictadura. La actuación del ministro Rabat ha generado cuestionamientos políticos y amenazas de una acusación constitucional en su contra.
Cabezas fue condenado por su responsabilidad en delitos reiterados de aplicación de tormentos contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova, detenidos en 1973 y torturados en dependencias de la Base Aérea El Bosque.
El proceso judicial comenzó a resolverse en diciembre de 2017, cuando el entonces ministro en visita Mario Carroza dictó una condena de tres años de presidio. En noviembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la pena a cinco años y un día, sin conceder una sanción sustitutiva.
La sentencia quedó firme en 2021, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la defensa y confirmó la condena. Según relató el propio Cabezas, ese año ingresó primero al anexo penitenciario Colina 1, destinado a condenados por delitos de lesa humanidad, antes de permanecer en Punta Peuco.

En el fallo, el máximo tribunal estableció que el exsuboficial integraba el Departamento II de Inteligencia de la Base Aérea El Bosque y que, entre sus funciones, debía trasladar detenidos hasta una oficina de la Escuela de Especialidades, donde eran interrogados.
Rivera Cornejo, trabajador de Madeco y militante socialista, fue detenido en su domicilio de San Miguel el 19 de septiembre de 1973. De acuerdo con los antecedentes judiciales, durante su cautiverio fue sometido a interrogatorios y torturas que incluyeron aplicación de electricidad en los genitales y la lengua, simulacros de fusilamiento y lesiones provocadas con un yatagán.
Pavez Casanova, dirigente estudiantil, fue detenido el 18 de octubre del mismo año. Tras pasar por el Ministerio de Defensa, fue trasladado vendado a la base aérea, donde permaneció entre una semana y diez días. Allí sufrió interrogatorios, golpes y torturas mediante electricidad.
La Corte Suprema dio por acreditados los tormentos y calificó los delitos como crímenes de lesa humanidad. Además, mantuvo la indemnización de $40 millones para cada una de las víctimas, cuyo pago corresponde al Fisco.
Pese a la condena ratificada por la Corte Suprema, Cabezas negó su responsabilidad en los hechos durante la entrevista con Mega Investiga. “Todo es falso, no soy un torturador”, afirmó, cuestionando la investigación judicial en su contra. El exuniformado sostuvo que su participación se limitó a trasladar detenidos dentro de la base aérea y rechazó haber cometido torturas.
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