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La discusión legislativa sobre el proyecto de ley de seguridad municipal cobró nueva urgencia tras la muerte de Leandro Espinoza Salazar, voluntario de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el rostro durante un confuso altercado entre motociclistas y funcionarios de seguridad municipal.

La iniciativa busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. De esta manera, propone dotar a los municipios de mayores atribuciones y recursos para la creación de unidades de seguridad municipal, incluyendo patrullajes preventivos y coordinación con Carabineros.

Además, establece una estructura mínima para estos equipos, la obligatoriedad de contar con consejos comunales de seguridad y un registro nacional de funcionarios de seguridad municipal.

Sin embargo, el reciente incidente en La Reina ha encendido las alarmas sobre los riesgos de otorgar mayores atribuciones a los inspectores municipales sin una adecuada capacitación y supervisión. Diversos alcaldes de la Región Metropolitana han expresado su preocupación por el contenido del proyecto, considerándolo insuficiente para abordar efectivamente los desafíos de seguridad que enfrentan sus municipios.

“En la actualidad lo que se observa es un vacío en términos de regulación para los inspectores municipales que están dedicados a las obras de seguridad. En general se contemplan que deben tener cuarto medio, se les pide también el curso de guardias que habilita el OS10 de carabineros, pero no hay mayores regulaciones por el momento”, comentó Jorge Araya, analista en Seguridad Pública y académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.

El especialista aseguró que el proyecto de ley debe hacerse cargo de los vacíos que existen en la seguridad municipal, poniendo reglas claras sobre las condiciones que deben cumplir los guardias, las que incluyen pruebas físicas y psicológicas.

El especialista también señaló que "el proyecto se hace cargo de cualquier deficiencia actual que pueda existir en materia de la selección del personal que va a ejercer funciones de inspectores municipales de seguridad. Se contempla que tiene que haber idoneidad física y psicológica lo que va a estar determinado por el servicio de salud correspondiente. Se contempla, además, que no pueden tener conflicto de interés, no pueden desempeñarse en funciones en la comuna, en instituciones que les corresponda fiscalizar. No pueden tener negocios, no pueden tener o estar involucrado en cualquier tipo de actividad comercial que luego les toque a ellos fiscalizar, eso es incompatible”.

Otro de los aspectos que considera el proyecto tiene que ver con el consumo de drogas que podría ejercer el funcionario. Cada guardia deberá emitir una declaración jurada donde indique que no consumen droga o si consumen algún psicotrópico está bajo un tratamiento médico que debe estar certificado. Existirán también fiscalizaciones del consumo de drogas que serán de manera aleatoria para poder descubrir si existe efectivamente consumo.

“El proyecto se hace cargo con bastante claridad de regular esos aspectos. Lo que sigue estando un poco en el aire es el tema del financiamiento. Se da cuenta en los informes de la comisión que al final se puedan reunir algo así como 10 mil millones para ir habilitando los inspectores de equipamiento y resguardo. Pero es un dinero que está a nivel central del gobierno y que claramente no es suficiente para todos los municipios del país. Sigue pendiente entonces el tema de la gran desigualdad de recursos que tienen los municipios y en ese sentido la limitación que van a tener los municipios más pequeños, la gran mayoría de los municipios del país, para dar cumplimiento a todas las medidas de resguardo que tienen que tener los inspectores de seguridad”, indicó Araya.