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El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió a trámite una solicitud presentada por consejeros regionales de derecha, que piden la destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Según informó Radio Biobío, el recurso fue presentado el 25 de julio pasado, acusando que la cuestionada autoridad cayó en un notable abandono de deberes y en una contravención al principio de probidad administrativa.

La acusación surge por un informe de Contraloría que revisó los gastos de los gobiernos regionales del país. En su informe, acusó que dineros del Gobierno de Santiago se utilizaron para la campaña a la reelección de Orrego.

Por ello, consejeros regionales de oposición, como por ejemplo Álvaro Bellolio (UDI), llevaron la situación al Tricel para determinar si Orrego debe dejar su cargo regional.

La tramitación del recurso se vio entorpecida porque los defensores de Orrego, Ciro Colombara y Aldo Díaz, interpusieron un recurso de reposición para dejarlo sin efecto. Esto porque los abogados firmantes no tenían la personería para actuar en nombre de los consejeros, como también había errores en la identificación de estos últimos.

Sin embargo, durante las últimas horas el Tricel aceptó las ratificaciones realizadas, por lo que admitió a trámite el recurso opositor. Eso sí, hubo un voto disidente. Se trata del ministro Gabriel Ascensio, excongresista de la Democracia Cristiana, partido en el que Orrego militó por décadas.

Contraloría cuestionó cuatro gastos realizados por el Gobierno de Santiago. El primero de ellos corresponde a una serie de actividades de coaching ontológico, contratadas por un monto que supera los $31 millones. Dichos contenidos estarían relacionados con contextos políticos y campañas electorales.

Además, se reportó la compra de bienes y servicios de consumo por más de $51 millones a través de trato directo, sin que existan documentos que acrediten el cumplimiento de esos contratos.

También se sumó la contratación de una empresa consultora por $46 millones, de la cual no hay antecedentes que respalden la ejecución de los servicios comprometidos. Y, finalmente, se cuestionó un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue acreditada adecuadamente por el organismo fiscalizador.

Todos estos gastos son investigados por la Fiscalía Oriente, que tomó declaración a Orrego y además retiró diversos equipos computacionales desde el edificio de la gobernación regional.

Pero el coaching y los gastos cuestionados por Contraloría no es lo único que apremia a Orrego, En la justicia penal, la Fiscalía de Antofagasta, que lleva el caso ProCultura, pidió su desafuero.

El Ministerio Público investiga al gobernador por posible fraude al fisco, por la firma de convenios por más de $1.690 millones con la organización liderada por el psiquiatra Alberto Larraín.

Será el 6 de octubre próximo el día en que la justicia revisará la solicitud. En ese tema, la defensa del exalcalde de Peñalolén ha reafirmado que él es inocente.