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Tras 46 años de funcionamiento, este lunes dejó de existir oficialmente el Servicio Nacional de Menores (Sename), una de las instituciones más cuestionadas de la historia reciente de Chile. Su cierre definitivo marca el término de un organismo cuya trayectoria estuvo atravesada por graves denuncias de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como por reiterados informes, comisiones investigadoras y fallos judiciales que, de manera transversal, exigieron su profunda reforma o derechamente su disolución.

El fin del Sename se enmarca en el proceso de reestructuración del Estado iniciado en 2021, cuyo objetivo fue separar dos ámbitos que durante décadas convivieron bajo una misma institucionalidad: la protección de la infancia gravemente vulnerada y la administración de justicia para adolescentes que infringieron la ley. La clausura operativa del organismo se aceleró en enero de 2024 y se ejecutó de forma escalonada: primero en la zona norte del país, luego en la zona sur a comienzos de 2025 y, finalmente, en la zona central, completando este lunes el cierre total.

Con ello, las competencias que aún ejercía el Sename fueron traspasadas al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, mientras que desde 2021 ya se encuentra en funcionamiento el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encargado exclusivamente de atender a menores que han sufrido vulneraciones graves de derechos.

La última directora del Sename, María Eugenia Fernández, fue quien encabezó el cierre institucional. En ese contexto, y pese a la fuerte carga negativa asociada a la institución, subrayó el rol de quienes trabajaron en ella durante décadas. “Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios”, señaló.

Fernández destacó la vocación de los equipos que, incluso bajo el escrutinio público y en medio de la adversidad, “entregaron su compromiso al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad”.

UNA HISTORIA MARCADA POR LAS POLÉMICAS

Durante su existencia, el Sename enfrentó múltiples crisis que terminaron por erosionar su legitimidad. Denuncias por fallecimientos de menores bajo su cuidado, procesos judiciales contra exfuncionarios y una larga lista de informes críticos marcaron su trayectoria.

Uno de los hitos más graves se conoció en 2016, cuando el entonces diputado René Saffirio presentó ante la Comisión Investigadora Sename II el antecedente de que 185 menores a cargo de la institución habían fallecido desde 2005. Ese mismo año, el país se conmocionó con el caso de Lisette Villa, una niña de 11 años que murió en abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, en Estación Central. En 2021, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a dos de las cuatro acusadas por la muerte de la menor, mientras que las otras dos exfuncionarias fueron absueltas.

Las denuncias no cesaron en los años siguientes. En 2021, la Fiscalía inició una investigación de oficio luego de que se escucharan gritos “de dolor y auxilio” provenientes de una dependencia del Sename en Providencia. En ese momento, desde el organismo señalaron que la situación se habría originado en un conflicto familiar grave que afectó a uno de los niños.

A ello se sumó un contundente fallo internacional. En febrero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por las malas condiciones de detención de adolescentes y por la muerte de diez jóvenes en un incendio ocurrido en 2007 en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, administrado entonces por el Sename. “El Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad, no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio ni actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente”, concluyó la CIDH.

La sentencia también estableció la responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos vinculadas a las condiciones de privación de libertad de 271 jóvenes que, entre 2006 y 2009, estuvieron recluidos en centros de internación provisoria y de régimen cerrado como Lihuén, Antuhué, San Bernardo y el propio “Tiempo de Crecer”.

 EL NUEVO SISTEMA

 Con el cierre del Sename, las funciones relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley penal quedaron radicadas en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, una entidad especializada que tiene a su cargo la administración y ejecución de las medidas y sanciones establecidas en la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.

Este nuevo servicio no solo ejecuta sanciones, sino que también tiene como misión diseñar, implementar y evaluar políticas y programas orientados a la modificación de la conducta delictiva y a la reinserción social de los jóvenes. Su enfoque busca dejar atrás el modelo centrado exclusivamente en el castigo, incorporando una mirada integral que considere factores sociales, familiares, educativos y comunitarios.

Desde la institución señalan que su visión es ser “reconocida y posicionada nacional e internacionalmente” por la efectividad de sus políticas. En esa línea, destacan que el servicio “elabora, formula y ejecuta un conjunto de políticas altamente efectivas, con evaluaciones positivas y retroalimentación permanente de sus procesos”, apoyado en un recurso humano altamente especializado, comprometido y ético.