Controversia ha generado la Ley de usurpaciones, la cual fue despachada por el Senado y en donde el Gobierno anunció veto presidencial por el ítem de “legítima defensa privilegiada”.
Para poner en contexto, el abogado y académico de la Usach, Luis Bobadilla, explica que esta ley viene a endurecer las penas destinadas a sancionar a quienes usurpan terrenos o propiedades privadas.
Respecto a las implicancias, sostuvo que son tres. “Básicamente establece el mismo fondo sancionatorio a quienes usurpan con violencia como a los que usurpan sin violencia, eso en una primera parte. Lo otro es que establece que la flagrancia, es decir, la situación de comisión del delito se mantiene siempre vigente y por lo tanto, se puede perseguir permanentemente. Y por otra parte, está lo de la legítima defensa privilegiada en donde las personas por su propia mano o recursos, o a través de terceros, pueden intentar recuperar su propiedad usurpada sin que se persiga su responsabilidad penal por cualquier desgracia que pueda ocurrir”, comentó.
El director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Santiago, también se refirió al veto presidencial presentado por el Gobierno. ”Está dentro de sus atribuciones constitucionales”, señaló.
No obstante, dijo que esto puede generar consecuencias negativas. “Podría extremar las relaciones y complicar muchísimo la relación con el Congreso Nacional, aunque es bueno recordar que no tienen la mayoría”, cerró.
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