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La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) ha abierto una grieta comunicacional en el gabinete del presidente José Antonio Kast. El origen de la tensión radica en el borrador de reforma constitucional de seguridad que pretende inhabilitar el acceso a prestaciones financiadas por el Estado para aquellas personas que resulten condenadas por delitos de alta gravedad, como el crimen organizado y terrorismo.

La controversia escaló luego de las advertencias hechas por la ministra de Salud, May Chomali, quien cuestionó en CNN Chile la posibilidad de que los sentenciados por delitos graves pierdan el derecho a la protección sanitaria. "Podría generar incompatibilidad con algunas normas como la ley de urgencias, que nos obliga y mandata a atender a todas las personas", sostuvo la secretaria de Estado. 

Ante esto, el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, restó validez a los cuestionamientos de su par sectorial. En declaraciones a Radio Infinita, Arrau afirmó que la ministra “desconoce el proyecto constitucional” por tratarse de un texto que aún no es público, sugiriendo que la autoridad emitió opiniones sin manejar los detalles técnicos de la propuesta.

Durante la entrevista, el ministro defendió el objetivo de la iniciativa y precisó que las restricciones contempladas apuntan específicamente a criminales condenados. Según explicó, la propuesta busca establecer “limitaciones a los beneficios sociales pagados por todos los chilenos”, puesto que son financiados directamente mediante los impuestos de ciudadanos.