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El Servicio Electoral (Servel) reveló que más de dos millones de personas no votaron en el último plebiscito de septiembre de 2022, que era con sufragio obligatorio. El organismo luego envía estas denuncias a los jueces de Policía Local del país para que se comiencen a cursar las sanciones correspondientes.

Y son estos trámites los que generan un gran "atochamiento" en la Justicia. Desde el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local advirtieron a El Mercurio su preocupación debido a la avalancha de causas que tendrán que tramitar.

Es por esta razón que el Gobierno ya trabaja en una fórmula para agilizar estos procesos, debido a que dos nuevas elecciones este año, en mayo y diciembre, donde el voto también será obligatorio.

La que toma más fuerza es enviar un proyecto para que sea el Servel el que aplique sanciones a electores que no voten.

El presidente de la institución, Andrés Tagle, explicó que la iniciativa "establece un proceso sancionatorio administrativo que lleve el Servel, y que haya instancias donde las personas puedan reclamar ante la justicia electoral, esto es en los tribunales regionales electorales, pero con toda una primera etapa del procedimiento sancionatorio hecha por el Servel, donde se facilite el pago de la multa".

Agregó que "acá hay una solución de fondo, que es cambiar el procedimiento", liberando así a los juzgados de Policía Local.

El proyecto está en manos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y durante marzo debería ser presentado en el Congreso para su tramitación.