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En octubre del año pasado, la PDI grabó una conversación telefónica del Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco del caso Procultura que investiga el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Según informó hoy Ciper Chile, el mandatario conversaba con la psiquiatra Josefina Huneeus, su amiga y exesposa del director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín.

La doctora tenía su teléfono “pinchado” por la Policía de Investigaciones, luego de que el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo, a cargo de Patricio Cooper, solicitó autorización al Juzgado de Garantía de Antofagasta para que, a ella y las otras personas vinculadas al Caso Procultura, les fueran interceptados sus celulares.

La conversación en la que aparece el mandatario sería la única protagonizada por el Presidente que está en manos de la fiscalía a cargo del Caso Procultura. Según información difundida por Ex-Ante el 28 de abril pasado, el fiscal Cooper quiso interceptar el teléfono de la primera autoridad del país, pero el Juzgado de Garantía se lo negó.

Luego de que La Tercera reveló, el 25 de abril último, que el celular del exjefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, fue interceptado a petición del fiscal Cooper, se ha especulado acerca de la existencia de eventuales grabaciones de conversaciones de Boric grabadas por la PDI.

Los datos chequeados ahora por Ciper confirman que efectivamente la policía civil registró un diálogo del Presidente, pero no con Crispi, sino con la doctora Huneeus.

La investigación es dirigida por Cooper desde que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien originalmente encabezaba esta indagatoria, fue suspendido de sus funciones luego de que Ciper informó que en 2022 la pareja de la entonces ministra suprema Ángela Vivanco le ofreció un doctorado y la jefatura de la Fiscalía Centro Norte, en medio del proceso de elección de fiscal nacional (vea ese reportaje).

En la investigación se persiguen los posibles delitos de lavado de activos y fraude al fisco en el manejo de los casi $6 mil millones de fondos públicos que la Fundación Procultura recibió de distintas entidades públicas. En la causa se indaga una serie de contratos firmados por el entonces presidente de la fundación, Alberto Larraín, con secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y con gobiernos regionales.

Este miércoles 7 de mayo, Ciper informó que en esta investigación se han interceptado al menos 42 teléfonos celulares. Del total de esos pinchazos, 15 corresponden a teléfonos de trabajadores o directores de la Fundación Procultura, seis son de funcionarios que prestaron servicios en la Seremi del Ministerio de Vivienda de Antofagasta, y otros dos pertenecen a trabajadores del nivel central de esa misma secretaría de Estado.

También fue interceptado el celular de una autoridad regional de Antofagasta. Eso, además de las ya conocidas interceptaciones al exasesor presidencial, Miguel Crispi, y al principal responsable de Procultura, Alberto Larraín, médico psiquiatra y amigo del Presidente Boric.

Ciper no ha podido identificar a los propietarios o usuarios de los 15 números de celulares restantes que fueron interceptados a petición de la fiscalía.

Según fuentes ligadas a la investigación, la fiscalía ha solicitado más de una vez interceptar teléfonos en el transcurso de la indagatoria.

En una de esas solicitudes que fue enviada al Tribunal de Garantía de Antofagasta en septiembre de 2024, aparecen 17 números de celulares, según una fuente del caso, entre ellas figura el teléfono del cual es usuaria la doctora Huneeus, pero, bajo el nombre de Alberto Larraín.

Esa petición fue enviada al juzgado por el fiscal adjunto, Ricardo Soto Molina, y en ella no se mencionan argumentos específicos y nominativos para justificar las interceptaciones de cada uno de los integrantes de esa nómina.

Lo que se lee en la petición, la que finalmente fue autorizada por el tribunal, sería una descripción general del caso, detallando los convenios investigados, sus montos y señalando que lo que se indaga es la cifra de $5.865 millones de recursos públicos traspasados a la fundación. También se citan artículos de prensa, se advierte la falta de procesos de control, inconsistencias en los mecanismos de planificación y el hallazgo de transacciones sospechosas.