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Tras el escándalo de Democracia Viva, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer, por 111 votos a favor y 11 abstenciones, el proyecto de ley que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a transparentar sus ingresos.

El texto dispone que las instituciones sin fines de lucro ONG, deben informar la procedencia del financiamiento, de modo de prevenir y fiscalizar posibles ilícitos.

Además, establece que los organismos solo podrán recibir fondos públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones o subsidios, o a cualquier otro título, entregados directamente o a través de procedimientos concursales. Lo anterior, siempre que estas tengan más de dos años de antigüedad desde la fecha de su constitución.

La iniciativa también señala que deberá habilitarse un registro de los beneficiarios finales de estos actos y resoluciones, cuando exista un convenio o contrato que los origine.

Dicho registro deberá contener, al menos, el monto de la operación, el rol único tributario del beneficiario y, en caso de que el beneficiario sea una persona jurídica de derecho privado, el rol único tributario de los socios principales.

El propósito de la norma es que se conozca la forma y procedencia del financiamiento de estas organizaciones, para prevenir y fiscalizar posibles situaciones irregulares.