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El pleno de la Convención Constitucional votó ayer el informe de la comisión de Derechos Fundamentales, que incluyó la aprobación del artículo que establece que el Estado deberá tener un “mecanismo preferente” para la restitución de tierras a pueblos indígenas. Junto con ello, se aprobó otra norma que establece la expropiación de propiedades a "precio justo".

¿De qué se tratan estas normas que han generado tanta polémica? Razones Editoriales entrevistó al abogado del Instituto Igualdad y académico de la Universidad de Valparaíso, Flavio Quezada. “Lo que aprobó ayer la Convención no debiera ser una novedad, esta norma es una síntesis de los compromisos internacionales de Chile, primero el artículo 169 de la OIT que es parte de nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de una década, y el compromiso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia es que ahora estará explícita en la Constitución”, explica el abogado.

En ese análisis, el experto considera que esto está lejos de ser una excentricidad. “No es algo exótico, son simplemente compromisos internacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. En el futuro se tendrá que crear una nueva ley que esté acorde a lo que ordenará la Constitución, pero no es nada de otro mundo, esto ya está en nuestro ordenamiento jurídico”, replica.

“La discusión pendiente es el rango constitucional de los compromisos internacionales. El aporte de esta norma es de relevancia más que jurídica, política, al estar consagrado en la Constitución”, agrega.

Sobre la norma que establece la expropiación de propiedades a "precio justo", Flavio sostiene. “La gente se asusta con el concepto de expropiación, pero es una noción bien lograda. Una de las garantías de la expropiación es la justa compensación, eso está en constituciones de otros países, esos nos conecta con el constitucionalismo liberal, por ejemplo de EE.UU.”, apunta el académico.

Finalmente el experto aclara. “La ley de expropiaciones establece hace décadas que el daño patrimonial por la expropiación tendrá el valor de mercado. Cuando entre en vigencia la Nueva Constitución la ley y el sistema ya estará, no es algo que se esté inventando”, concluye.