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 Valentina Donoso tiene 24 años y una hija de 3, la que asegura es “la alegría de mi vida”. Como cualquier joven de su edad tenía una serie de proyectos para su juventud, los que incluían estudiar y buscar un trabajo estable. Sin embargo, la llegada de su pequeña lo cambió todo. Ella no estaba en los planes, nunca lo estuvo, hasta que una negligencia administrativa en el reparto de sus pastillas anticonceptivas en el centro de salud al que asistía generó un embarazo no deseado.

“No tenía pensado ser madre, porque para ser madre tienes que tener una buena estabilidad económica. Criar un bebé no es un tema fácil, hay que estar preparada económicamente para darle alimentación, educación, salud, vestimenta”, comenta la joven, quien asegura que mantenía un control responsable de su vida reproductiva, con píldoras que le entregaban en el consultorio de su comuna. “¿Cómo iba yo a imaginar que por negligencia de las instituciones del Estado todo mi proyecto de vida se iba a ver afectado?”, se cuestiona.

Según el relato de Valentina, un mes en el que fue al consultorio a buscar sus pastillas anticonceptivas se percató que habían colgado un letrero que informaba sobre los lotes defectuosos de Anulette CD. Nadie del recinto médico la había llamado para informarme de nada, ni menos de que tomara precauciones a la hora de tener relaciones sexuales. Apenas llegó a su casa revisó el envase de las pastillas del mes anterior y se dio cuenta que formaba parte del lote defectuoso.

“Quiero que las instituciones del Estado asuman su responsabilidad, apoyándonos para hacer frente al esfuerzo económico que representa ser madre sin haber estado preparada, y para que nuestros hijos reciban servicios de salud y educación. También nosotras, para que podamos retomar nuestro proyecto de vida”, asegura.

Al igual que Valentina, Melanie Riffo (24) es víctima de la entrega defectuosa de pastillas anticonceptivas que derivó en un embarazo no deseado en el 2020. Nadie le avisó que sus píldoras no funcionarían y literalmente se enteró por la prensa sobre las fallas que tenían los lores de Anulette CD.

“Todo iba bien hasta que vi un reportaje en la tele y luego una publicación en Instagram que hablaban de la alerta por los anticonceptivos defectuosos. Me alarmé al comprobar que los míos pertenecían a los lotes que mencionaron. Llevaba dos meses tomando anticonceptivos y aún así estaba embarazada”, recuerda la joven, quien desarrolló otros cuadros médicos tras la confirmación del embarazo.

“Estar embarazada en ese momento fue un golpe duro, desarrollé ansiedad y depresión. Además, me diagnosticaron hipotiroidismo. Todo ello supuso que mi embarazo fuese considerado de alto riesgo. Debido a que mi hijo es muy pequeño aún, no he podido volver a trabajar, además me he visto obligada a cuidar a mi hijo durante el día y continuar con mis estudios en las noches”, comenta Melanie.

DEMANDA REPARATORIA 

Al igual que Valentina y Melanie, se estima que al menos otras 200 mujeres resultaron embarazadas por consumir anticonceptivos entregados en recinto públicos y que permanecían defectuosos. La mayoría prefirió asumir en silencio y dejar pasar esta negligencia. Sin embargo, hubo un grupo que se organizó y pretende que el Estado responda por la negligencia que cambió decenas de vida de mujeres de todas las edades.

Corporación Miles, con apoyo de Women's Link Worldwide, presentó una demanda contra el Estado chileno en representación de 7 mujeres que resultaron embarazadas tras usar anticonceptivos defectuosos prescritos y suministrados por los establecimientos públicos de salud. La demanda pretende que el Estado asuma su responsabilidad por las afectaciones económicas, emocionales y en proyectos de vida producto de los embarazos no deseados y no planificados. 

En el documento se asegura que además de la entrega de medicamentos defectuosos, las instituciones cometieron una serie de errores y omisiones incluso después de detectado el problema, que aumentaron el riesgo para las afectadas. Las instituciones responsables fueron, en diferentes grados, el Instituto de Salud Pública, el Centro Nacional de Abastecimiento, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Según el organismo, no se realizó un adecuado control de calidad en la adquisición de los anticonceptivos, y los profesionales encargados de la distribución de los medicamentos no estaban adecuadamente capacitados para identificar los lotes defectuosos y evitar que llegaran a las usuarias. Tampoco se informó oportunamente y de manera directa a las mujeres que consumieron el anticonceptivo sobre la existencia del problema para evitar que continuaran usando las píldoras.

Esta acción negligente implicó una vulneración a la autonomía reproductiva de las mujeres. Producto de estos embarazos, algunas se vieron obligadas a renunciar a sus estudios y perdieron oportunidades laborales. Los gastos asociados al embarazo, parto y cuidados las colocaron en una situación de vulnerabilidad económica, y muchas sufrieron consecuencias en su salud física y mental.

“Estas consecuencias resaltan la importancia de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos, así como la necesidad de brindar apoyo integral a las mujeres que se encuentran en situaciones de embarazo no deseado para proteger sus derechos sexuales y reproductivos y su bienestar general”, sostiene Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles.

Las demandantes solicitan una compensación por los gastos y pérdidas económicas causadas directamente por los embarazos no planificados, y por las pérdidas de ingresos y de  oportunidades laborales. También reclaman el reconocimiento del daño emocional y psicológico asociado a la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos.

Además de la compensación, solicitan acceso a servicios médicos de calidad, atención en salud mental, reinserción en el sistema educativo, acceso a programas sociales de apoyo, entre otras medidas que buscan reparar integralmente los daños sufridos y garantizar su bienestar futuro.

“Es importante que las mujeres afectadas reciban una reparación adecuada e integral para que puedan continuar con sus proyectos de vida. Y además el Estado debe implementar medidas para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir", asegura María Cecilia Ibáñez, abogada senior de Women’s Link Worldwide.

En la demanda se plantean una serie de medidas de no repetición con el objetivo de prevenir que se vuelvan a cometer los mismos errores. Se propone establecer un protocolo dirigido a los centros de salud para verificar visualmente los anticonceptivos entregados, así como un aviso inmediato en caso de encontrar defectos y la implementación de un sistema informático que permita la trazabilidad de los medicamentos entregados en los servicios de salud. También un programa de capacitación para las personas funcionarias sobre los beneficios, contraindicaciones y correcto uso de los anticonceptivos disponibles.

Las medidas solicitadas  buscan mejorar los procesos de control de calidad, distribución y seguimiento de anticonceptivos, con el fin de evitar situaciones como la ocurrida con los anticonceptivos defectuosos que afectaron a cientos de mujeres en el caso del Anulette CD.