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La posible instalación de un cierre perimetral en el Parque Almagro ha generado inquietud entre vecinos del sector, especialmente luego de que una fiesta universitaria reactivara el debate sobre seguridad en el lugar. La situación tomó más fuerza tras el anuncio del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre una licitación para ejecutar el cierre completo del parque.

Sin embargo, esta idea no cayó bien en todos los sectores. La presidenta de la Junta de Vecinos del Parque Almagro, Marcela Díaz, cuestionó la propuesta, recordando que ya existe un proyecto de remodelación aprobado desde el año pasado. “Nos sorprendió muchísimo porque ya existe un proyecto de remodelación del Parque Almagro, donde también se incluye parte de seguridad, como cámaras de televigilancia y la recuperación de espacios, arbolado y riego automático. Cuando pasó todas las etapas técnicas, se aprobó finalmente el proyecto, y ahora dice que esos fondos van a ser reutilizados para un cierre. Entonces no sabemos, estamos un poquito perdidos”, declaró en conversación con The Clinic.

El plan vigente contempla una inversión cercana a los $6 mil millones y considera una renovación integral, con mejoras en infraestructura deportiva, áreas verdes, juegos infantiles y medidas de seguridad. Para los vecinos, que esperaban ver pronto el inicio de estas obras, la posibilidad de redirigir esos recursos para cerrar el parque genera confusión y preocupación.

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Díaz también recalcó que cualquier decisión de esa magnitud debería considerar la opinión de la comunidad. “Si el alcalde insiste en el cierre, primero tiene que haber una consulta ciudadana. Él dijo que no era tan importante porque la gente no participaba en las consultas ciudadanas, pero yo creo que en esta sí. Por lo menos para los vecinos de alrededor, que se ven afectados y que ocupan el Parque Almagro, deberíamos ser consultados”, afirmó.

Aunque la propuesta de Desbordes cuenta con apoyo en algunos sectores, también ha abierto una discusión sobre la manera en que se toman decisiones urbanas en espacios públicos de alta concurrencia. Para quienes viven cerca del parque, se trata no solo de una medida de seguridad, sino también de un asunto de participación ciudadana y transparencia en el uso de recursos públicos.