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Diversas reacciones generó la resolución de la Corte Suprema de revocar este lunes la prisión preventiva que cumplía el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde noviembre del año pasado en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras ser formalizado por delitos sexuales que habría cometido en contra de una subalterna. De esta manera, se anula así la decisión anterior de la Corte de Apelaciones y del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. 

Por ejemplo, los diputados de Renovación Nacional manifestaron su preocupación ante la decisión de la Corte Suprema y exigieron mayor celeridad y firmeza por parte del Ministerio Público en esta causa.

“Respetamos las decisiones del Poder Judicial, porque forman parte de las reglas del juego en democracia; sin embargo, es clave que la Fiscalía actúe con celeridad y rigor para esclarecer los hechos. Este es un caso grave, que involucra a una exautoridad y que merece respuestas claras y oportunas para la ciudadanía”, señaló Carla Morales, subjefa de bancada.

En tanto, la diputada y subjefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante calificó “como una señal confusa” la decisión de la Suprema, que cambió la medida de prisión preventiva por un arresto domiciliario total.

“Es una decisión algo compleja y confusa, considerando que el delito por el cual está formalizado y siendo investigado es de violación, que es gravísimo y en la mayoría de los casos se considera que estas personas tienen que estar absolutamente privadas de libertad por ser un peligro para la sociedad", planteó.

¿QUÉ SEÑAL DA ESTA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA?

Marta Herrera, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, abordó el tema con Diario Usach y señaló que “es una resolución que procesalmente es muy interesante y que, de alguna manera, también se vincula con lo resuelto recientemente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el caso Procultura, en el sentido de que ambas determinaciones relevan fuertemente la necesidad de fundamentación que tienen las sentencias".

La especialista profundizó sobre la decisión de la Corte Suprema e indicó que "el mayor reproche que hace la Corte Suprema lo hace al Tribunal de Garantía, porque además dice no solo no fundamentó adecuadamente, que es un principio general y que es un deber que tienen los tribunales, sino que además es un deber que cobra mayor vigencia cuando estamos hablando de la medida cautelar que mayormente afecta los derechos de las personas como lo es la prisión preventiva". 

La abogada planteó que "eso exige un estándar superior además de fundamentación y así lo explica el voto de mayoría de la Corte Suprema y reprocha también al Tribunal de Garantía por cuanto ni siquiera se pronunció por una petición subsidiaria que había hecho la defensa en cuanto a reconducir la causal de la necesidad de cautela, es decir la necesidad de que el imputado esté en prisión preventiva, esto lo hace muy académicamente digamos es una resolución muy interesante desde el punto de vista de que eleva las exigencias que se hace a los tribunales al momento de emitir sus decisiones".

Marta Herrera acotó que la Corte Suprema, con esta resolución, "no está no está diciendo en caso alguno de que la prisión preventiva no sea la medida adecuada o que aquí no existan antecedentes suficientes en materia de acreditación del delito y de la participación en esta etapa procesal (no hay ninguna referencia a esos puntos en el fallo de la Corte Suprema), sino únicamente el reproche tiene que ver con la falta de fundamentación".

LA DETERMINACIÓN ¿AFECTA AL CASO?

La experta también abordó el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a arresto domiciliario total para Monsalve, y comentó si puede o no afectar al caso. 

"Al contrario a lo que puede pensarse, no tiene un impacto muy importante en términos de investigación. El arresto domiciliario total, por lo demás, es una medida cautelar bastante intensa y que es controlada también por los auxiliares del Ministerio Público en la investigación. Por lo tanto, no deberíamos pensar que esa medida cautelar va a ser incumplida", aseguró.

La abogada también indicó que "en términos de lo que se está trabajando por la Fiscalía, no altera en nada. Es decir, si al 15 de junio, efectivamente, la investigación está agotada, bueno, pues entonces el Ministerio Público tomará la decisión que corresponda de acuerdo al mérito de su investigación, que muy probablemente sea la acusación".

Agregó que "probablemente necesite también más tiempo para desarrollar diligencias de investigación, es una posibilidad, y por lo tanto podría pedir allí la prórroga del plazo de investigación que se ha fijado".

Por último, indicó que "respecto de la propia medida cautelar solicitada por la Fiscalía, esto es la prisión preventiva, no hay problema en reanudar esa discusión porque el reproche que hace el  máximo tribunal de la República está asociado a la falta de fundamentación de la sentencia. Por lo tanto, si el Ministerio Público solicita que se decrete la prisión preventiva, esta es una discusión que puede darse en la medida en que efectivamente el tribunal fundamente la decisión que en definitiva adopte".